Un informe oficial hecho para el Senado de los Estados Unidos, que data de agosto de 1992, ha sacado a la luz detalles impactantes sobre el sombrío período de confiscaciones de propiedades en Nicaragua, conocido popularmente como «la piñata». El documento, preparado por personal republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, no solo detalla el proceso mediante el cual miles de propiedades fueron arrebatadas a sus legítimos dueños, sino que también identifica a figuras prominentes, tanto del sandinismo como del gobierno post-revolucionario, que se beneficiaron directamente de estos actos.
El informe desglosa el fenómeno de la «piñata» en varias etapas. La primera fase, posterior al triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, se centró en la incautación de bienes de la familia Somoza y sus allegados. Sin embargo, el documento revela que la voracidad por la propiedad ajena no se detuvo ahí.
Una segunda fase vio cómo la lista de objetivos se expandía a individuos acaudalados cuyas propiedades, codiciadas por los comandantes sandinistas, fueron rápidamente confiscadas. La sorpresa, según el informe, llega con una tercera fase, en la que incluso funcionarios del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, que había prometido un retorno a la legalidad y la propiedad privada, participaron en el acaparamiento de bienes.
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El documento del Senado estadounidense no escatima en críticas al gobierno de Chamorro, al que acusa de defender «las leyes de la piñata» y de legalizar el despojo a través de decretos presidenciales. Además, señala que, dos años después de su mandato, la administración no había devuelto ni una sola de las más de 2,000 propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses, a pesar de sus promesas.
“La Sra. Chamorro defendió las leyes de la «Piñata» y legalizó la propiedad de todos aquellos que habían robado durante el régimen anterior mediante la emisión de los decretos presidenciales 46-91 y 47-91. Además, firmó personalmente quince decretos de confiscación en 1979 como miembro de la Junta de Gobierno Sandinista”, dice el documento.
El informe también señala que, aunque Chamorro se comprometió con el gobierno de Estados Unidos a devolver más de 2 mil propiedades a unos 465 ciudadanos norteamericanos confiscados, dos años después de su asenso al poder no se había devuelto ni una sola y que más bien, según ellos, ponían pretextos engañosos o falsos.
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Entre ellos, destacan, haber informado la devolución de varias propiedades cuando en realidad seguían tomadas o haber hecho un acuerdo de pago para resarcir económicamente a las víctimas a costos irrisorios.
Por ejemplo, el comandante sandinista Jaime Wheelock, que entonces era ministro de la reforma agraria, es decir, artífice de las confiscaciones, le robó la casa a sus propios primos Peter y Mangui Sengelmann, que decidieron salir del país cuando todo estaba en caos por temor, le pidieron a su primo usar su influencia para evitar la confiscación y este les firmó una carta comprometiéndose a no hacerlo, y fue él mismo quien les robó y le entregó la propiedad a su hermano, Ricardo Wheelock, jefe de Inteligencia militar hasta 1991 y luego jefe de relaciones públicas del Ejército.
Los Ortega, líderes en confiscaciones
El informe es notable por la precisión de sus acusaciones, nombrando a figuras del más alto nivel político y militar. Entre los señalados se encuentran Humberto Ortega, quien se apoderó de propiedades de varios ciudadanos estadounidenses; Daniel Ortega, confiscando bienes de los Morales Carazo; Joaquín Cuadra Lacayo, en el caso de la propiedad de Indiana Lacayo de Pereira; Lenín Cerna, quien confiscó bienes para entregárselos a su propia hija; y Jaime Wheelock, quien no dudó en arrebatar propiedades a sus propios primos.
También se menciona a Dora María Téllez con tres propiedades tomadas solo a cicudadanos norteamericanos y hasta Arnoldo Alemán, quien en los 90 fue alcalde de Managua, según el informe se tomó una lujosa vivienda.
Estos hallazgos no solo reafirman la magnitud del robo de propiedades que caracterizó a ese período, sino que también ponen en evidencia la complicidad de élites políticas que, sin importar su afiliación ideológica, se beneficiaron de un sistema que ignoró la legalidad y los derechos fundamentales de la propiedad.
Nicaragua Investiga
