Ni la documentación sobre la represión transfronteriza del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como advirtieron en septiembre pasado los miembros del Grupo de Expertos en Derechos Humanos Sobre Nicaragua (GHREN), son argumentos sólidos para que en Costa Rica se ofrezca protección a los periodistas obligados a exiliarse de Nicaragua.
Uno de los últimos casos lo vivió la directora de Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz, quien acudió recientemente ante las autoridades ticas para denunciar las amenazas que recibió en los últimos meses de algunos personeros de la dictadura del país. Atónita quedó cuando la respuesta que recibió fue que «desapareciera» del mundo digital y dejara el periodismo.
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«Su respuesta (la de las autoridades): un ‘análisis’ de riesgo con una recomendación: Retirarme del periodismo, borrar todo el trabajo de Nicaragua Investiga hecho en estos casi 8 años y borrar también mis redes personales. Irme a esconder y nunca comentar nada en ninguna plataforma digital», contó Ortiz en su cuenta de Facebook sobre cómo ignoraron sus preocupaciones en el país centroamericano, donde precedentes como el asesinato del exmilitar Roberto Samcam, a quien le dispararon en su residencia en Moravia el 19 de junio pasado, tras exiliarse en el país vecino.
Comentó que ante semejante argumento decidió firmar un documento en el que deslindó de cualquier responsabilidad a los funcionarios que le recomendaron no continuar con su labor periodística, que ya le valió el exilio forzado y la desnacionalización en el año 2023.
Qué dijo el Ministerio Público de Costa Rica
La directora de Nicaragua Investiga acudió a la Unidad de Protección de Testigos del Ministerio Público, donde otros comunicadores han acudido en los últimos años y la respuesta ha sido que la falta de recursos, personal y logísticos impiden ofrecer protección.
Entre las denuncias que presentó está la de que voceros del sandinismo le informaron que monitoreaban a un grupo de exiliados nicaragüenses, entre ellos a periodistas, una razón de peso para interponer la denuncia ante el Ministerio Público costarricense.
Desde 2024, un grupo de periodistas comenzó a dejar el país vecino ante la falta de acción de las autoridades y los temores de que la mano del régimen los alcance.
Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre pasado, los representantes del GHREN recordaron que la represión de Ortega y Murillo fuera de Nicaragua incluye la privación arbitraria de la nacionalidad, la prohibición de entrada al país, la denegación de pasaportes, la confiscación de bienes, la vigilancia digital, las amenazas, así como la intimidación y el castigo de familiares que permanecen dentro del país.
La organización Reporteros Sin Fronteras también ha advertido sobre el actuar del régimen contra la prensa independiente en el país.que describieron como una represión que «alcanza niveles alarmantes y se ha convertido en una estrategia central del régimen para silenciar cualquier forma de disidencia».
Nicaragua Investiga conoce casos de periodistas que han optado por mantener un perfil bajo, se retiraron del ejercicio e incluso de medios dentro del país, porque aun cuando están en el exilio siguen con seres queridos dentro del país. Ante el recrudecimiento de las amenazas, los ataques y la persecución a terceros, allegados y familiares, algunos deciden, por seguridad propia y de sus familias, dedicarse a otras labores que no los pongan en riesgo.
PCIN conoce casos de forma indirecta
La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), que se creó en Costa Rica, documentó 81 casos de agresiones entre el 1 de enero de 2024 y el pasado mes de julio, contra el periodismo del país. A través de su observatorio, registraron allanamientos, detenciones arbitrarias, confiscación de equipos, el exilio forzado, así como ataques cibernéticos a los medios independientes y redes personales de sus periodistas.
En respuesta a este medio, este jueves dijeron que hasta el momento desde el observatorio de agresiones a la libertad de expresión en Nicaragua que lleva la organización sí han recibido denuncias de agresiones, documentado casos con nombres y apellidos de periodistas víctimas de la represión dentro del país.
Sin embargo, en el caso de los exiliados en Costa Rica no cuentan con registros directos de víctimas de amenazas por parte del régimen.
«En cuanto a amenazas físicas, vigilancia directa o agresiones documentadas de parte de la dictadura nicaragüense o que involucren a autoridades ticas, no tenemos registros directos. No hemos recibido denuncias formales de que una persona periodista en el exilio haya reportado ser víctima de vigilancia o intimidación por parte de la dictadura nicaragüense o de alguna autoridad costarricense. Sin embargo, conocemos de manera indirecta, del caso de un periodista que ha sido víctima de vigilancia en Costa Rica, y que no ha denunciado su caso ante nuestro observatorio», señalaron.
Además, conocen de forma indirecta el caso de un periodista nicaragüense que denunció ser víctima de vigilancia por parte de la dictadura de su país en Costa Rica, aunque no cuentan con el registro formal en el observatorio porque no se formalizó la queja en esa instancia.
Violencia que trasciende fronteras
La PCIN aseguró que sí saben de colegas que han abandonado la profesión, no por las amenazas de Ortega y Murillo, sino que se vieron forzados a hacerlo ante el alto costo de la vida en el exilio.
«Debido a las condiciones de precariedad y bajos ingresos en países con altos costos de vida; además de la reubicación masiva de periodistas, una parte importante de ellos —lamentablemente— ha tenido que cesar su actividad profesional y dedicarse a otras cosas para subsistir», contaron a Nicaragua Investiga.
Explicaron que una vez los periodistas dejan de ejercer la profesión no continúan con los protocolos para reportar incidencias y tampoco participan en las encuestas de seguimiento de la asociación.
«Hemos documentado un patrón de agresiones digitales y técnicas que trascienden la frontera. Por ejemplo, contamos con la denuncia específica sobre el intento de sabotaje o ataques a sitios web y redes sociales de medios de comunicación independientes, y otros casos similares. Estos ataques son de naturaleza transnacional porque sus efectos repercuten en el exilio, pero la acción es claramente dirigida a silenciar el periodismo que trabaja desde el exilio».
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11 periodistas se fueron al exilio entre julio y septiembre
El pasado 6 de octubre la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) presentó su informe trimestral sobre las condiciones del periodismo en Nicaragua. Revelaron los ataques en línea que sufren periodistas independientes por parte de comunicadores leales al régimen sandinista.
«Los ataques incluyeron vulneración de correos electrónicos, el sabotaje de redes sociales y páginas web, así como campañas de odio que derivaron en expresiones misóginas dirigidas contra mujeres periodistas», advirtieron.
Otra realidad es como los programas de acogida para periodistas en el exilio, que antes hasta cubrían tres meses de estancia, disminuyeron su financiamiento por la falta de recursos o asistencia internacional.
«Esta reducción ha profundizado la vulnerabilidad de quienes se ven forzados a huir de la represión para salvar sus vidas, y aún más, de aquellos que deben permanecer en sus viviendas pese a las agresiones, porque no cuentan con los recursos para resguardarse en otras zonas del país o en el extranjero», mencionó la FLED.
En el tercer trimestre del año 2025 documentaron el exilio forzado de 11 periodistas y trabajadores de medios, lo que elevó la cifra a 304 desde las protestas de 2018. Además, señalaron que hay otros que optan por el reseantemiento; es decir, salen de sus ciudades para vivir en otros departamentos para evitar que los alcance la represión de Ortega y Murillo.
Periodista Nicaragua Investiga
