Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos revocó la decisión de una corte federal y permitirá al gobierno de Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) que brindaba protección legal a unos 3 mil nicaragüenses, así como a 50 mil hondureños y unos 3 mil nepalíes, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense.
Aunque una jueza de California frenó la decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar el TPS, la Casa Blanca apeló el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, donde un panel de tres jueces dio luz verde de poner fin al mecanismo de protección migratorio legal para nacionales de esos tres países.
La segunda administración de Trump ha basado su política interna en fuertes restricciones migratorias, con redadas a lo largo del país, especialmente en ciudades santuario donde fuerzas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) donde el mes pasado mataron a dos manifestantes estadounidenses que se oponían a las redadas en Mineápolis.
Los magistrados alegaron que la Corte Suprema de Justicia permitió al gobierno eliminar el TPS para venezolanos, con lo cual le dieron la razón para hacerlo con otras nacionalidades.
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El Estatus de Protección Temporal es un permiso que le concede a los inmigrantes de las nacionalidades determinadas por el gobierno, con la aprobación del Congreso, de poder trabajar y residir legalmente en Estados Unidos por un tiempo determinado, que por lo general se extiende antes de su primer periodo de finalización.
Pese a que la administración de Trump mantiene una severa presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en los últimos días ha deportado a dos activistas de la Asociación de Madres de Abril (AMA), que perdieron a sus hijos en las protestas antigubernamentales de 2018. Se trata de Yadira Córdoba, a la que arrestaron en agosto pasado cuando se presentó ante un juez de migración para tramitar su petición de asilo. Después de varios intentos fallidos, a la madre de abril la expulsaron a México. Otra de ellas, Jessica Rivas, fue devuelta a Managua, pese al riesgo de persecución en su contra.
El TPS para hondureños y nicaragüenses entró en vigencia para esa cantidad de centroamericanos que arribaron a EEUU por los destrozos que causó el huracán Mitch en esas naciones. El fin del estatus estaba previsto, de acuerdo con el ICE para el 8 de septiembre de 2025, lo que permitirá a la Casa Blanca acelerar las deportaciones de estos ciudadanos en las próximas semanas.
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La misma justificación que usó el Departamento de Seguridad Nacional para acabar el TPS para venezolanos la usaron con el objetivo de finalizar el que beneficia a los connacionales.
El año pasado dijeron que hay mejoras notables en Nicaragua, lo cual le permitiría gestionar el retorno de sus nacionales. Además sostuvo que el país centroamericano “ha logrado avances significativos en su recuperación con la ayuda de la comunidad internacional”, a pesar que desde enero, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores luego de bombardear Caracas, aumentaron las presiones hacia el régimen de Ortega y Murillo por las masivas violaciones a los derechos humanos, pero antes -en diciembre- el Representante de la Oficina Comercial de EEUU impuso aranceles graduales al país por estos mismos hechos.
Periodista Nicaragua Investiga
