Una semana después de que diversos actores internacionales adoptara sanciones contra seis funcionarios nicaragüenses, el gobierno de Daniel Ortega continúa solicitando que estas se detengan y las tilda como «agresiones ilegales».
Esta vez, la administración sandinista aprovechó la Primera Sesión Virtual del Foro sobre los Desafíos del Derecho Interamericano, en donde el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado dijo que era «inadmisible» que en medio de la pandemia del COVID19 «se sigan manteniendo las agresiones incorrectamente llamadas sanciones, los bloqueos económicos y financieros» contra Nicaragua.
Alvarado enfatizó en su discurso que las sanciones por parte de actores internacionales se siguen aplicando como parte de «una política arbitraria, ilegal e injustificada que cercena la paz, la seguridad, el bienestar y el derecho de estas naciones a su igualdad jurídica y al ejercicio de su libre autodeterminación».
Recientemente, la Unión Europea y el Reino Unido sancionaron a seis funcionarios estatales por verse implicados en violaciones a los derechos humanos. Se trata de la exministra de salud Sonia Castro, el asesor presidencial para temas de seguridad Néstor Moncada Lau y cuatro altos mandos de la Policía, Francisco Díaz, Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, además de que la UE agregó a Nicaragua a la lista negra de países propensos al lavado de dinero.
De igual manera, Alvarado dijo que era ineludible que se suprima «de una vez por todas estos actos de agresión y de quebrantamiento de la paz» y demandó que las grandes potencias como Estados Unidos deben dejar a un lado «su actitud y visión hegemónica, se abstengan de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado».
Cuando se conoció sobre las sanciones, Rosario Murillo mostró su molestia en uno de sus discursos diarios diciendo que «no podemos seguir siendo sometidos a discursos de odio» y agregó que «no corresponde condenar (…) a nombre de qué, de infamias, de calumnias, de mentiras tejidas por unos cuantos miserables, soberbios, miserables».
Los Estados Unidos también ha aplicado sanciones en contra de funcionarios estatales, empresas e instituciones nicaragüenses que se habrían visto involucradas en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero. Entre los sancionados se encuentra la vicepresidenta Rosario Murillo y dos hijos de la pareja presidencial, Rafael y Laureano Ortega Murillo.
Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han advertido que de no facilitar una salida pacífica y negociada a la crisis política, las sanciones se continuarán aplicando contra funcionarios corruptos y empresas nicaragüenses implicadas en lavado de dinero.
Foto principal: El 19 Digital
You must be logged in to post a comment Login