Contraloría General de la República calla sobre manejo gubernamental de fondos para Covid-19

Mascarillas descartables, kits de higiene, termómetros infrarrojos, pruebas PCR de Covid-19, dosis de interferón e hidroxicloroquina, camas eléctricas, camillas hidráulicas, monitores de signos vitales, batas impermeables, forman parte de la larga lista de insumos médicos que ha recibido por medio de donaciones el gobierno de Nicaragua para hacer frente a la pandemia.

Además de estos equipos, hasta la fecha el Estado de Nicaragua acumula más de 13.4 millones de dólares en donaciones, los cuales no han sido registrados por las instancias correspondientes.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el órgano encargado de administrar las finanzas públicas y es competencia de la Contraloría General de la República fiscalizar dichos fondos.

Silencio de la Contraloría respecto a fondos

Actualmente, la Contraloría continúa en silencio respecto a todas estas donaciones y los procesos de seguimiento para asegurar que sean realmente dirigidas al Ministerio de Salud (Minsa) para adquirir los medicamentos e insumos necesarios.

El excontralor Agustín Jarquín Anaya asegura que todas esas donaciones deberían ser informadas por los diferentes organismos receptores, “principalmente el Ministerio de Salud”.

Jarquín asegura que están obligados por el artículo 20 de la ley 621 a informar “de manera oportuna y muy clara”.

Una ley de papel

La Ley de Acceso a la Información Pública establece que las instituciones del Estado deben difundir a través de sus páginas web “toda la información relativa a la gestión pública y al manejo de los recursos públicos que se les confía”.

Pero hasta la fecha, muchas de las páginas oficiales de las instituciones públicas se encuentran desactualizadas e incluso algunas de ellas no poseen datos más allá del 2018.

El excontralor asegura que aunque la administración de Ortega estuvo a favor de la creación de la ley 621 en 2007 “luego dieron marcha atrás” y asegura que esta actualmente ha quedado como lo que popularmente se conoce como ley de papel.

Falta de transparencia

El pasado 16 de junio la Asamblea Nacional aprobó la reorientación de 11.7 millones de dólares que otorgó el BCIE para la construcción de carreteras al manejo del Covid-19.

Durante la sesión parlamentaria, algunos diputados opositores denunciaron que ha habido poca transparencia en el manejo de los fondos y solicitaron que se brindara el debido seguimiento y control.

“No hay transparencia por parte del Estado respecto al uso de estos fondos, no hay transparencia desde hace mucho tiempo en términos de publicación de información, no sabemos realmente si se han materializado esos fondos” aseguran economistas.

Jarquín Anaya sostiene que la falta de publicación de datos “facilita los abusos, permite que se adquieren bienes y servicios de mayor costo y menor calidad, y que ocurran situaciones de corrupción”.

A opinión del excontralor, debería crearse una unidad especial por la situación de emergencia, como cuando ocurrió el huracán Mitch, que realice auditorías para asegurar “el buen uso de los recursos como manda la Constitución y las leyes”.

“Es lo menos que se puede hacer porque hay que dotar a las unidades de salud para que tengan un mejor equipo ante una situación que ya se nos salió de control” destaca.

La Contraloría General de la República debería estar fiscalizando todas estas donaciones recibidas por el Estado de Nicaragua y hacerlas públicas, pero si el Órgano Superior de Control no levanta ninguna auditoría de estos fondos, por lo menos, a finales del año 2020 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá rendir un informe sobre todos estos ingresos y cómo fueron distribuidos.

Un informe sobre Transparencia Fiscal, señaló días atrás a Nicaragua como uno de los países con irregularidades en el manejo de los presupuestos asignados.

Foto de portada tomada de la web

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