Mujeres rurales continúan sin recibir fondos para comprar tierras tras 10 años de aprobarse ley

En 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales.

El objetivo de la ley era crear un fondo a favor de las mujeres rurales para que logren contar con un financiamiento para la adquisición de tierras, promoviendo así la equidad en el sector rural.

El programa buscaba priorizar a aquellas mujeres cabezas de familia y de bajos recursos económicos, para garantizarle su soberanía alimentaria y la de su núcleo familiar.

Tras esta aprobación, han pasado ya diez años, y las mujeres del campo continúan sin tener acceso a dicho fondo.

María Teresa Fernández de la Coordinadora de Mujeres Rurales aclara que para que se iniciara a entregar crédito a las mujeres para comprar tierra, como mandaba la nueva ley, el Estado debía colocar fondos del Presupuesto General de la República. Sin embargo, esto nunca sucedió.

Mientras el Estado no coloque un fondo a la ley, entonces tampoco pueden contribuir otros donantes.

Una lucha de varios años

La lucha de las mujeres del campo por un acceso a la tierra lleva varios años sin que se realice nada al respecto.

“Ha sido una lucha histórica, 15 años de trabajo de las mujeres por tener un pedazo de tierra propia” asegura Fernández.

Las mujeres han acarreado con la lucha desde 1998, pero fue a partir de 2005 que esta se intensificó de forma organizada y cobró mayor fuerza.

Entre los años 2005 y 2006 la Coordinadora de Mujeres Rurales trabajó en la iniciativa de ley, y luego para el periodo de campañas electorales invitaron a todas las mujeres que se encontraban en la primera línea de los partidos políticos, pero ninguna de ellas asistió, únicamente la diputada sandinista Alba Palacios.

María Teresa Fernández de la Coordinadora de Mujeres Rurales

Palacios prometió que de ganar llevaría la iniciativa a la Asamblea Nacional, pero esta, consideran que se quedó en pura “promesa de campaña”.

No fue sino hasta un año después de haberle entregado la iniciativa a Palacios que finalmente la iniciativa fue presentada.

Sin embargo, a pesar de eso, destacan que tuvieron que pasar dos años y siete meses más para que la iniciativa realmente se moviera en la Asamblea.

Finalmente, en 2010 la ley fue aprobada, “recibir esa noticia fue una gran alegría para las mujeres, es más las mujeres creían, confiaban, que esa ley de la república la iban a implementar” destaca Fernández.

Pero tras su aprobación el Estado de Nicaragua jamás destino ningún fondo, y así la ley quedó solo en papel.

Las mujeres rurales realizaron diversas movilizaciones, presentaron cartas, y continuaron así en una lucha de cuatro años para que les colocaran fondos.

En 2015, decidieron que cada día una mujer de cada organización iba a entregar una carta, en total entregaron 100 cartas, de las cuales ninguna recibió respuesta.

En 2017 se entregó la última carta, la cual estaba dirigida a Rosario Murillo como vicepresidenta de la República. La carta tampoco obtuvo respuesta.

Mujeres rurales buscan fondos por su cuenta

Después de varias desilusiones, las mujeres decidieron iniciar a hacer colectas por su propia cuenta pues ya se han resignado a recibir fondos de parte del gobierno.

Así, en octubre de 2017 iniciaron una campaña de recaudación de fondos en las calles para comprar sus tierras, la cual tenía como tiempo límite hasta diciembre de 2018, pero esta se vio paralizada debido a la crisis sociopolítica del mismo año.

La pandemia del Covid-19 ha sido otro impedimento para que se lleven a cabo las colectas.

Todos los factores las han llevado a reinventarse y esperan este mismo año tener la oportunidad de llevar la campaña de forma digital.

Entre 2017 y 2018, y lo poco que lograron recolectar a través de las ferias que realizaron las mujeres en 2019, apenas obtuvieron alrededor de 5,700 dólares.

Mientras sus estimaciones eran de 250 mil dólares para comprar 50 manzanas de tierra.

Sin embargo, las mujeres rurales continúan con la esperanza de que, si este gobierno no las escucha, otro podrá hacerlo.

Señalan que la ventaja de la ley 717 es que el Estado de Nicaragua “reconoce que la principal brecha de desigualdad de las mujeres en el campo es no tener tierra”.

Y destacan como el papel de las mujeres en el campo ha ido cambiando con el paso de los años, de ser consideradas amas de casa que solo ayudaban a sus esposos, ahora ellas mismas son reconocidas como productoras agroecológicas o campesinas agricultoras.

Las mujeres en el campo continúan luchando para que se les reconozcan sus derechos patrimoniales y para que un día finalmente puedan contar con la oportunidad de producir en sus propias tierras, y no en pequeñas parcelas alquiladas o prestadas como deben hacerlo actualmente.

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