El embargo por 21 millones de dólares en concepto de impuestos a Canal 12 ha despertado la indignación nacional por ser considerado uno de los mayores actos de represión fiscal que ha ejecutado el gobierno de Daniel Ortega que busca apagar las voces críticas con su administración.
Mariano Valle, propietario del canal asegura no deberle un solo córdoba a la Dirección General de Ingresos que lo acusa de no declarar los ingresos reales que tuvo su canal entre 2011 y 2013. El representante legal del canal Tony López presentó un recurso de oposición al embargo ante la autoridad judicial y ahora Valle está a la espera de cómo procederán el gobierno de Ortega y sus instituciones.
Una situación similar vive Canal 10, el medio televisivo de mayor alcance en el país y que fue notificado de una supuesta deuda de 110 millones de córdobas también en concepto de impuestos.
«Desde 2014, el gobierno ha ordenado el cierre o confiscación de al menos 20 medios de comunicación en todo el país, de los cuales 12 ocurrieron después de la crisis sociopolítica de abril del 2018» dijo el Consejo Superior de la Empresa Privada en un comunicado reciente donde también condenó el embargo a Canal 12.
Los casos más conocidos por tratarse de medios de comunicación de difusión nacional son los de El Nuevo Diario y Metro, dos diarios impresos que dejaron de circular después de que la Dirección General de Aduanas mantuviera retenido el papel, tinta y parte de la materia prima para la impresión de los periódicos. El mismo peligro corría el diario La Prensa, pero logró sostenerse hasta que la DGA le entregó sus insumos a inicios del 2020.
Hombres derribando las antiguas instalaciones del periódico El Nuevo Diario. Archivos NI
Las armas de Ortega para cerrar medios
La Dirección General de Ingresos es una de las armas que se ha dispuesto a presionar a medios de comunicación que no siguen la línea oficial desde que llegó Daniel Ortega al poder, explica Guillermo Medrano, especialista en temas de comunicación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Otro mecanismo que utiliza el Estado son las restricciones administrativas de la DGA o del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos TELCOR, que ha sido uno de los principales verdugos de las radios comunitarias que han desaparecido por disposición gubernamental o del partido de gobierno.
Medrano explica que entre 2007 y 2016 se pudo notar una política de silencio y de negativa en cuanto al acceso de información en las instituciones del Estado. Esto fue subiendo de tono con asedio, intimidación, campañas estigmatizantes, difamación y cierres de medios de comunicación.
Algunos de los medios clausurados han podido sobrevivir y reestructurarse para continuar con su labor en sus plataformas digitales a pesar de la represión estatal, como el caso de 100% Noticias y Confidencial, cuyos edificios se mantienen confiscados por la Policía Nacional desde diciembre del 2018.
Otro caso es el de Onda Local que por años estuvo transmitiéndose desde la oficialista Radio La Primerísima pero con el estallido de la crisis política en abril del 2018, los periodistas de ese programa tuvieron que cambiar de emisora y hoy están realizando su labor periodística desde Radio Universidad y sus plataformas digitales.
Desde diciembre de 2018 permanece confiscado el Canal 100% Noticias y Confidencial. Archivos NI
Pero además de la DGI y la DGA, otras instituciones también coluden para asfixiar económicamente a los medios de comunicación como Disnorte – Dissur, que realiza cobros excesivos por la energía eléctrica a las empresas periodísticas, según lo denunciado constantemente por distintos directores de medios.
«Existe una mezcla entre la asfixia económica dirigida desde las distintas instituciones estatales, la crisis económica y la misma crisis sociopolítica» que crea un ambiente de incertidumbre para los medios de comunicación y los periodistas, asegura Medrano.
En algunos medios de comunicación grandes y de difusión nacional se ha tenido que hacer recortes de personal en donde se despiden hasta 100 personas en una misma tanda, producto de la misma asfixia económica a la que son sometidas por el Estado.
Radios Comunitarias, las más afectadas
La asfixia económica ha sido uno de los mecanismos impulsados desde el Estado para el cierre de medios de comunicación, y las primeras que empezaron a sufrirla fueron las radios comunitarias, detalla Guillermo Medrano y menciona algunos casos como los de Radio Amerrisque en Chontales, Radio Alegre Única en Camoapa, Radio Estereo Apante en Matagalpa, Radio Voz de Mujer en Jalapa y Radio Palabra de Mujer en Paiwas.
Dos radios más que funcionaban en el departamento de Río San Juan, Radio Humedales de San Miguelito y Radio Voz Juvenil de El Castillo, fueron cerradas cuando el Ministerio de Gobernación resolvió despojar de su personalidad jurídica a Fundación del Río en diciembre del 2018, organización propietaria de las dos radios.
Hay casos de otras radios que fueron censuradas por «revanchismo político» comenta el experto, como el caso de Radio Bosawás que pertenecía al gobierno municipal pero después del cambio de autoridades en la Alcaldía en el año 2017, TELCOR decidió sacarla del sistema por supuestamente operar con una frecuencia con la que no estaba autorizada.
Otros medios de los que se tiene registro y tuvieron que cerrar operaciones son la Radio Emprendedor de Rivas, Radio Jerusalén en Blufields, Radio La Ley en Sébaco, el Canal 29 de Chinandega y el canal 50 de León.
Pero no solamente medios de comunicación se han visto en la obligación de cesar operaciones, si no también noticieros y espacios informativos como NotiWaslala que dejó de emitirse en 2007, NotiCuá que desapareció en 2008, NotiDalia, NotiWiwilí y NotiPantasma en 2018, todos bajo la dirección del periodista Eduardo Montenegro, actual director de NotimaTV, un canal local de Matagalpa.
En Bluefields dos periodistas han sido demandados. Archivos NI
Empresas prefieren retirar publicidad
Las empresas que se pautan en los medios de comunicación también sufren algún tipo de represalia por mantener su publicidad en medios críticos con el Estado, dice Guillermo Medrano. «Ha habido un elemento bastante silencioso pero muy perverso como el seguimiento de las instituciones y las alcaldías, como la Dirección General de Ingresos y con el mismo Instituto Nicaragüense de Seguridad Social».
El experto detalla que la manera de operar por parte de las autoridades es presionando a las empresas que pagan publicidad en los medios de comunicación desde distintas vías hasta que retiran la pautación. «Te llega a visitar el INSS a ver cuántas personas están en planilla, te llega a visitar la alcaldía a ver si tenés un problema y de repente te cae también la Dirección General de Ingresos».
Cuando las empresas reciben este tipo de presión, deciden retirar su publicidad de los medios de comunicación para no seguir siendo asfixiados económicamente. «Si te ven un síntoma de que sos crítico o de que sos independiente, entonces la pautación se aleja», explica Medrano.
Nicaragua Investiga
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