El Parlamento Europeo estará debatiendo este jueves una resolución en la que condena al gobierno de Nicaragua por la próxima aprobación de la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros, la Ley Especial contra la Ciberdelincuencia y de Ley contra los Delitos de Odio, ya que estas vienen a cercenar aún más los derechos del pueblo nicaragüense.
En la resolución se pide que se “amplíe rápidamente la lista de personas y entidades susceptibles de sanción, incluidos el presidente y el vicepresidente, poniendo un especial cuidado en no perjudicar al pueblo de Nicaragua”. Es decir, las sanciones estarían tocando directamente al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo.
Así mismo, “recuerda que, de conformidad con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, e insiste en que, ante las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación”.
Envío de una delegación a Nicaragua
La resolución también establece el envío a Nicaragua “cuanto antes” de una delegación del Parlamento Europeo con el fin de reanudar el seguimiento de la situación en el país. En este punto, insta al gobierno que permitan la entrada «sin restricciones» y «el acceso a todos los interlocutores y a todas las instalaciones”.
Más apoyo a defensores de DDHH y medios de comunicación
De la misma forma se pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que, junto con el representante especial de la Unión para los Derechos Humanos, continúe e intensifique su apoyo material y técnico a los defensores de los derechos humanos y a los medios de comunicación independientes en Nicaragua.
A la vez pide “a la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y a los Estados miembros con misiones diplomáticas sobre el terreno que apliquen plenamente las Directrices de la Unión sobre defensores de los derechos humanos”.
Ley afectará la cooperación de la UE con Nicaragua
Los eurodiputados se muestran sumamente preocupados por la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros presentada el 22 de septiembre del 2020 por los diputados de la bancada Sandinista, la cual está inspirada en la Ley rusa de 2012 sobre agentes extranjeros.
“De aprobarse, obligará a todas las personas, organizaciones o instituciones, incluidos los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del extranjero, a registrarse en el Ministerio del Interior (Migob) y someterse a control financiero por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, critican.
Cuestionan que quienes sean calificados como “agentes extranjeros” estarán sujetos a una estrecha vigilancia, prohibiéndoles “intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna” y restringiéndoles sus derechos civiles y políticos, con amenazas de acoso y hasta de ser “enjuiciadas penalmente”.
“Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros se utilizaría como instrumento de represión contra las personas y las organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de la cooperación internacional en Nicaragua”, indican, agregando que “la aprobación de esta ley podría afectar directamente a la cooperación de la Unión con el país y a las personas vinculadas a los intereses europeos”.
Se pretende castigar a quienes elevan la voz contra el gobierno
En relación a la Ley de Ciberdelitos, condenan que a través de esta se quiera censurar a los medios de comunicación, y que con la Ley de Cadena Perpetua o de Crímenes de Odio se pretenda “castigar a quienes alzan su voz contra las políticas represivas del Gobierno”.
Los eurodiputados subrayan que “estas iniciativas son los ejemplos más recientes y confirman la pauta más general de represión y violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales” en Nicaragua, en donde personalidades de la sociedad civil, defensores del medio ambiente, periodistas, políticos opositores, las comunidades religiosas, en particular de la Iglesia Católica, estudiantes, y excarcelados políticos y sus familias “siguen estando perseguidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales”.
Piden a la Asamblea no aprobar leyes
En la propuesta de resolución, se insta a la Asamblea Nacional de Nicaragua rechazar las tres leyes, sin embargo, hay que aclarar que el presidente Daniel Ortega controla el parlamento con una absoluta mayoría de parlamentarios sandinistas.
Piden retorno de organismos de derechos humanos
En la propuesta se insta al gobierno que “deje de criminalizar a las voces independientes y a que ponga fin a toda intención de controlar y restringir la labor de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos, personalidades de la oposición política, medios de comunicación y periodistas”, como también a que devuelta los bienes confiscados a los medios de comunicación y que les restablezca las licencias para operar, así como también insta la devolución de la personalidad jurídica de las organizaciones no gubernamentales.
De la misma forma, pide el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el MESENI y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Toda restricción del ejercicio de los derechos a la libertad de opinión y expresión tanto en línea como fuera de línea, la libertad de reunión pacífica y de asociación y el derecho a defender los derechos humanos son incompatibles con la Constitución de Nicaragua y sus obligaciones internacionales en virtud de los acuerdos sobre derechos humanos”, le recuerdan al gobierno de Ortega.
Elecciones solo son posibles con Estado de derecho
En relación a las elecciones programadas para noviembre del 2021, los parlamentarios recuerdan “que solo pueden celebrarse unas elecciones libres, creíbles, integradoras y transparentes si no hay represión y si se restablecen el Estado de Derecho y el respeto de los derechos constitucionales de todo el pueblo nicaragüense, en particular el derecho a la libertad de expresión, reunión, creencias y manifestación pacífica”.
Al respecto, se insta a Ortega que llegue a un acuerdo “por medios democráticos pacíficos y negociados con los grupos de la oposición, incluida la Coalición Nacional, sobre las reformas electorales e institucionales necesarias para garantizar unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”.
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