Policía sigue encabezando agresiones contra periodistas, según informe de la Fundación Violeta Barrios

En el último informe titulado “leyes represivas contravienen los estándares internacionales sobre Libertad de Expresión”, publicado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro se registran 42 ataques o violaciones a la Libertad de Prensa durante el mes de octubre de 2020, siendo la Policía Nacional, la principal responsable de dichas violaciones

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro alerta que, “la aplicación de la recientemente aprobada Ley de Ciberdelitos criminaliza la difusión de opiniones e informaciones; al mismo tiempo, limita el derecho de expresar libremente pensamientos e ideas y cercena el derecho de opinión sobre la gestión pública”.

Es importante destacar que 30 de esos delitos fueron cometidos en contra de personas naturales; es decir, periodistas, fotógrafos, editorialistas, directores de medios, camarógrafos, fotorreportero y jefes de prensa; en cambio, 10 fueron cometidos tanto en contra de medios de comunicación como personas jurídicas.

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La clasificación por parte de la fundación a los casos de agresiones están 25 casos de agresiones y ataques a la integridad física y psicológica de periodistas y allegados; 1 caso de Acceso a la información Pública; 1 caso de Detención arbitraria; 1 Discurso Estigmatizante, 2 marco jurídico contrario a estándares, 2 Procesos Judiciales y 9 casos de uso abusivo del poder estatal y 1 caso de agresión de género.

Agentes estatales involucrados

Según lo presentado en el informe de la organización el 86% de los casos fueron perpetrados por agentes estatales y un 14% por no estatales.

“La Policía Nacional sigue siendo la institución que más violenta el libre ejercicio de la práctica periodística y la libertad de expresión”, cita el documento en el que subrayan que las multas exageradas se han convertido en una forma de asedio, represión e intimidación para periodistas.

El 86% de los casos de violaciones a la libertad de prensa en octubre fueron perpetrados por agentes estatales y un 14% por no estatales.

Además, el informe de la FBVCH señala que Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), continúa haciendo un uso incorrecto “del reglamento del servicio de televisión por suscripción (06-97) y el reglamento de Radiodifusión (07-97) forzando a los medios de comunicación a cadenas nacionales para transmitir eventos y mítines políticos del partido de Gobierno”.

“La Dirección General de Ingresos (DGI) sigue cobrando sumas exageradas de impuestos principalmente a radios comunitarias. Esta acción es considerada por los periodistas y propietarios de medios locales, como una confiscación simulada, que la única finalidad que tiene es la asfixia económica, para luego impulsar su cierre, según se expresa en el documento de la FVBCH”, subraya el organismo en su documento mensual.