Gobierno intenta espiar más a opositores por medio de normativa de Telcor, pero su alcance es limitado

Este viernes el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) publicó un acuerdo administrativo con el cual obligaría a los distintos operadores autorizados a preservar los datos e informaciones de usuarios de los servicios de telecomunicaciones por un año, con el fin de que estos puedan ser utilizados por las autoridades en caso de los delitos establecidos por la Ley de Ciberdelitos.

Ley de Ciberdelitos no detendrá los memes, las caricaturas y la sátira contra el gobierno Ortega

La normativa publicada en La Gaceta señala que quienes deben retener dicha información son los operadores de telefonía fija, telefonía celular, internet fija e internet móvil. Los sujetos obligados deben preservar los datos e informaciones por un periodo de doce meses. Estos podrán ser proporcionados a la Policía Nacional o al Ministerio Público bajo disposiciones de la Ley Especial de Ciberdelitos. En caso de incumplirse la normativa se otorgarán sanciones.

¿Qué datos podrán facilitar?

Los datos e informaciones que los operadores deben preservar son los nombres completos, números de documentos de identidad, direcciones, y todos aquellos que sirvan para rastrear e identificar el origen de una comunicación (número de teléfono que origina la llamada, dirección IP), aquellos que identifiquen el destino de una comunicación (números marcados, números de destinatarios de llamadas telefónicas por internet, identificación de usuario del destinatario de la comunicación, numero de puerto de comunicación), aquellos que identifiquen la fecha, hora y duración de la comunicación (fecha y hora del inicio y fin de la comunicación, de la conexión y desconexión del servicio de acceso a internet y del servicio de correo electrónico).

Así como aquellos datos que identifiquen el tipo de comunicación (el servicio telefónico usado, el servicio de internet usado), aquellos que identifiquen el equipo de comunicación de los usuarios (identidad internacional del equipo, dirección MAC, DSL), y aquellos que identifiquen la localización de los mismos.

Autoridades ya accedían a estos datos

El experto en marketing digital, Manuel Díaz, destaca que las autoridades ya tenían acceso a estos datos desde antes de la Ley de Ciberdelitos, y aunque desconoce bajo que legislación, en el gremio había consenso en que la Policía -en caso de necesitarlo- podía solicitar toda esta información a los proveedores. “No es nuevo, lo que sí es nuevo es que exige a que quienes no lo hacían guarden ahora esta información y lo hagan por un año” y agrega que esto incurrirá en algunos gastos menores para los proveedores.

El acceso a información de los proveedores de internet y telecomunicaciones de parte de las autoridades es común en varios países frente a casos que lo ameritan. Sin embargo, ante la crisis que atraviesa el país y los señalamientos al gobierno de Daniel Ortega por violación a los derechos humanos, esta medida genera desconfianza “y si bien en sí misma no es una cuestión represora, nos indica que hay cada vez menos privacidad y que el gobierno hace cada vez más grande sus brazos, su alcance en el mundo de internet” apunta Díaz.

Alarma por privacidad

Tras la noticia algunas personas han mostrado preocupación por el nivel de acceso que las autoridades podrían tener en las diferentes plataformas de comunicación. El experto aclara que la información en aplicaciones cifradas, como los mensajes por WhatsApp, no es accesible para nadie, ni siquiera para el gobierno. Lo único que las autoridades podrían ver son las llamadas de voz clásicas y los mensajes de texto por SMS.

Por otro lado, Díaz advierte que, si alguien en Nicaragua todavía utiliza correos electrónicos de un proveedor local, eso sí podría ser información vulnerable a ser confiscada por la policía. Pero sostiene que desconoce si aún hay proveedores (esto no es un problema para quienes usan Gmail, Yahoo, o cualquier otro servicio externo). Es decir que, “con esta ley, Nicaragua se acaba de echar en el saco a cualquier pobre empresario que todavía vendía ese servicio, esa actividad quedo prácticamente imposible de hacer en el país”.