El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se negó a salir del poder por medio de un adelanto de las elecciones generales, posición que se conoció en medio de manifestaciones de apoyo y de rechazo a su Gobierno y en el contexto de una crisis que se ha cobrado más de 310 vidas.
«Aquí las reglas las pone la Constitución de la República, a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana porque se le ocurrió a un grupo de golpistas», dijo Ortega ante una multitud de admiradores y empleados del Estado en Managua.
Con esas palabras Ortega desestimó la propuesta de adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021, como han solicitado la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, diversas naciones y recientemente su propio hermano, el general en retiro Humberto Saavedra.
Este mismo sábado los nicaragüenses realizaron manifestaciones pacíficas contra Ortega en ciudades como Masaya, Matagalpa, Rivas, Somoto y en la isla de Ometepe.
En Matagalpa y Rivas las protestas fueron interrumpidas por grupos de choque oficialistas que agredieron a los manifestantes con disparos de armas de fuego, morteros, piedras y palos.
Horas antes en la iglesia Católica de Matagalpa se consagró como diácono al religioso Sadiel Eugarrios, una semana después de que recibiera amenazas de muerte por grupos afines al Gobierno.
La comunidad indígena de Sutiaba, en León (noroeste), permaneció sitiada desde la madrugada por las «fuerzas combinadas» del Gobierno, que operan con armas de guerra.
Un total de 19 personas arrestadas por protestar contra Ortega fueron liberadas por gestiones del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, a pesar de que grupos oficialistas presionaron a la Policía para evitar el rescate, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Tanto la CIDH, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre las violaciones denunciadas destacan «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», según la CIDH, aunque el Gobierno de Nicaragua ha rechazado esas acusaciones.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Los nicaragüenses esperan superar la crisis en un diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica que representa a la población, cuyo reinicio está previsto para el próximo lunes.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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