Durante los últimos tres años, Nicaragua ha sufrido una crisis sociopolítica interna que ha dejado centenares de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Ante el contexto de represión que prevalece desde abril de 2018, y la desconfianza en la ciudadanía hacia la capacidad del Estado para garantizar sus derechos y seguridad, nace la necesidad de un proceso de justicia transicional.
El término hace referencia a la forma en que países que atraviesan periodos de conflicto enfrentan las violaciones de derechos humanos sistemáticas de tal magnitud que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.
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Las Naciones Unidas la define como «toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación».
Su objetivo es reconocer a las víctimas, evitar la impunidad y repetición de dichos crímenes, y aplicar verdaderas reparaciones. Esta puede darse de un momento a otro, o bien, puede tener lugar después de varias décadas.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) destaca que la justicia transicional se enfoca en los procesos penales, las investigaciones por casos de violación a los derechos humanos a través de comisiones de la verdad, las reparaciones y en reformas institucionales.
Transiciones previas: sin justicia
El abogado constitucionalista, José Pallais, asegura que en Nicaragua no hay precedentes de la aplicación de un proceso de justicia transicional, pues hasta ahora se ha establecido un sistema de «amnistía y promoción de la impunidad».
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Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), compartía hace unos años a la revista Envío que «en Nicaragua tenemos una deuda pendiente con muchísimas víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas a lo largo de nuestra historia», tanto en la época somocista, como durante la revolución y los 90.
La defensora de derechos humanos destacaba cómo en el país se ha registrado una considerable cantidad de indultos, a somocistas, sandinistas y contras. Y el tema parece ser una constante. En junio de 2019, el gobierno de Daniel Ortega aprobó una Ley de Amnistía, con el fin de liberar a las personas detenidas bajo el contexto de las protestas en contra de su gestión; la comunidad internacional advirtió entonces que esta era imprecisa pues podía beneficiar a los autores de graves violaciones de derechos, y además inhibía la libertad de expresión a través de la cláusula de «no repetición».
Y aunque no existen antecedentes de este tipo de proceso, el Dr. Pallais considera que Nicaragua sí se encuentra lista para implementarlo, pues los familiares de las víctimas abogan por una política de persecución penal basada en los principios de la justicia transicional.
¿Es posible la justicia transicional?
Lograr una justicia transicional sería un verdadero reto para Nicaragua pues para ello es necesario contar primero con una transición de gobierno, una posibilidad que estaría consolidándose a inicios de noviembre con las elecciones presidenciales. De ganar la oposición, una de las principales demandas extendidas por la Asociación de Madres de Abril (AMA) es la justicia y no impunidad; y aunque este tipo de proceso pretende la reconciliación entre el victimario y los ciudadanos a través de un modelo flexible que permita la suscripción de un acuerdo de paz entre las partes, también busca proteger los derechos de las víctimas evitando incurrir en amnistías o indultos secretos.
El abogado argentino Pablo Parenti, quien en 2018 estuvo en Nicaragua como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo en una entrevista con El Nuevo Diario que habrá justicia transicional en el país hasta «el día en que se inicie un proceso de reforma institucional» pero que no sería «el día de hoy.
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«Siempre es importante la negociación para dar una salida en esos términos de la justicia transicional porque la reconciliación es uno de los elementos de este tipo de justicia, entonces siempre ayuda que todo el país se comprometa a avanzar y a seguir hasta llegar a la verdad, a establecer la justicia, a llegar a acuerdos para reparación de las víctimas, la no repetición, la memoria, todo eso requiere de ser sustentado en el consenso» añade Pallais, resaltando que estos acuerdos no contemplan la impunidad, «todo lo contrario, pasa por sancionar, por el conocimiento pleno de verdad, por afianzar la memoria histórica, para que estas no cosas no se vuelvan a repetir».
Pero los países que acuden a procesos de justicia transicional para superar su pasado violento, se enfrentan a la reparación de un alto número de víctimas. En el caso de Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala la muerte de 328 personas y cerca de dos mil heridas.
El informe elaborado por el GIEI propone un plan integral de reparaciones. «Partimos de la premisa fundamental de que es necesario detenerse sobre lo sucedido y emprender una reflexión social para entender no solamente las causas inmediatas sino también las profundas de los recientes actos de violencia y sus consecuencias. El GIEI considera que solamente de esta manera se podrá romper el ciclo de crisis políticas, conflictos armados internos, dictaduras y violaciones masivas y/o sistemáticas a los derechos humanos que Nicaragua vive de manera repetida en su historia reciente. En aras de garantizar la no repetición y encarar el futuro en forma saludable» dicta parte de la propuesta.
Este mismo lunes, en conmemoración del tercer aniversario de la crisis nicaragüense, la CIDH hizo un llamado urgente «para poner fin a la impunidad, y a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el reestablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas».
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