Durante décadas la diáspora nicaragüense ha exigido votar desde el exterior, pero ningún gobierno lo ha concedido. La discusión ha tomado mayor relevancia tras las protestas de abril de 2018, las cuales han expulsado del país a casi cien mil personas producto de la represión, la inseguridad y la crisis económica. El fenómeno que se ha producido es digno de estudio: las generaciones más antiguas de exiliados se han organizado con los grupos más recientes y han dejado claro que desean ser tomados en cuenta para un proceso electoral.
Carlos Berríos es un nicaragüense que llegó a Costa Rica en agosto de 2018. Fue parte de una caravana de denuncia por Centroamérica de la Asociación Agentes de Cambios – Marimba. Ante el temor de regresar y ser apresado por el gobierno decidió quedarse en San José.
En ese país la discusión desde los movimientos de exiliados gira en torno a qué hacer para los próximos comicios electorales en Nicaragua. Unos desean presionar a como se pueda por el voto en el exterior, aunque logísticamente es una tarea imposible. Otros, hablan incluso de retornar al país en caso de que existan condiciones para ejercer el sufragio. Pero esta última opción representa un riesgo para muchos nicaragüenses como Berríos.
“No me veo regresando a un proceso electoral que no tenemos luces. Tampoco sabemos si habrá reformas electorales. Me interesaría en ello cuando vea que ya dejaron de acosar a la gente”, opina.
El panorama no está a favor del más del millón de nicas que viven regados por el mundo, y cuyos mayores asentamientos se dividen en tres países: Costa Rica, Estados Unidos y España. Juntos representan al menos el 26% del padrón electoral, si se toma como referencia el de las elecciones nacionales de 2016, compuesto por 3.8 millones de electores.
Los tres países donde más nicaragüenses hay –y donde se impulsa el voto en el exterior– son: Costa Rica, que según datos de la Fundación Arias viven medio millón de nicas; Estados Unidos, donde habitan 464 472, según el último censo de Pew Research Center realizado en 2017; España, con 42 249, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística en su informe de 2020. Para darse una idea de la cantidad de personas que podrían votar en el exterior no basta con saber el número de la diáspora, pues también es relevante la cantidad de personas ceduladas, pero son datos que no se conocen porque también es necesario aplicar un proceso de cedulación e inscripción en los consulados.
Redacción Abierta conversó con exiliados de varias generaciones, quienes ven su voto como un sueño que se apaga con el paso de los meses mientras el país se acerca a unos comicios todavía no convocados. Lo quieren y lo exigen porque aseguran que es su derecho como nicaragüenses, y porque a pesar de haberse ido del país siguen conectados a través de las remesas. En 2020, se calcula que entraron 1.851, 4 millones de dólares gracias a ello, según datos del Banco Central, lo que representa el 14,7% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Para los nicas en el exterior estas son razones suficientes para incidir en las decisiones del país.
“Hay mucho miedo de la nueva camada de exiliados de quedarse en el olvido, como les ha pasado a las generaciones más antiguas. Por eso nuestra responsabilidad es seguir insistiendo en las plataformas políticas de oposición para mantener el tema en la agenda, para que no se olvide”, opina Berríos.
Entusiasmo e incertidumbre por año electoral
A los nicaragüenses le han sobrado razones para irse a lo largo de la historia. Ya sea por guerras, por hambre o por falta de empleo, cada década ha estado marcada por al menos una crisis social que escupe personas fuera de la frontera. La última ocurrió en abril de 2018 y ha provocado que decenas de miles busquen refugio en otras ciudades por la debacle sociopolítica que desató el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Carlos Berríos es uno de los miles de nicaragüenses que no podrá participar en los próximos comicios, no porque no desee, sino porque las trancas geográficas no se lo permiten. A pesar de que juristas y opositores hablan de unas condiciones habilitantes que garanticen el retorno seguro, todavía persiste un estado policial impuesto por el gobierno y la incertidumbre si los nicaragüenses podrán elegir con libertad.
“No sería la primera elección en la que no participo. En este contexto histórico lo veo más complicado, porque es un sueño ir a elecciones limpias. Hay una dictadura y no voy a participar en un proceso que pueda darle legitimidad”, afirma.
Los exiliados de 2018 han convivido con la diáspora antigua en espacios donde coinciden en una cosa: desean involucrarse en, al menos, el proceso de selección de los candidatos de la oposición. Pero la aspiración máxima es que se conceda el derecho al sufragio. Si en Nicaragua la oposición está dando algunos pasos para exigir reformas electorales, e incluso ya han saltado algunos nombres de candidatos presidenciales, en el exterior también prevalece la discusión alrededor de estos temas.
Andrés Marenco es otro nicaragüense exiliado en Costa Rica desde hace dos años. Asegura que la posibilidad de sacar a Ortega por la vía electoral es un tema que entusiasma a algunos nicaragüenses en Costa Rica, pero es un sueño truncado debido a la burocracia.
“Muchos nicaragüenses estarían dispuestos a regresar si hay unas elecciones con garantías. Te lo digo con toda seguridad, porque he participado en procesos de diálogo y consulta. La gente se está organizando bastante”, afirma. “A pesar de que tenemos poco tiempo y que se puede sentir un ambiente un poco disperso con el tema de la actual oposición, la gente tiene mucha esperanza, sobre todo en Costa Rica”.
Sin voluntad política
Carlos Huezo es de los que recuerda la raíz histórica de esta demanda que se remonta a la década de 1990, cuando se dieron las elecciones donde resultó ganadora la Unión Nacional Opositora (UNO), encabezada por Violeta Barrios de Chamorro. La diáspora quería participar en esas contiendas marcadas por la guerra y el Servicio Militar, pero no pudieron porque no contaban con la fuerza organizativa de hoy. “La razón es simple, sencillamente no ha habido una voluntad comprometida de hacer valer el voto desde fuera. Ahora es mucho más fácil”, asegura Huezo.
Huezo es un empresario nicaragüense radicado en Costa Rica desde los ochenta. En esa década miles de nicaragüenses se marcharon al vecino país por la guerra, las expropiaciones y el cambio de régimen. Desde el 2018, junto a otras personas de la diáspora, ha creado redes de apoyo humanitario para atender las necesidades de los exiliados tras la represión. Han sido muchas, entre ellas la falta de techo, comida y trabajo.
Según un estudio titulado “Migración Nicaragüense en Costa Rica: Población, Empleo y Necesidades Básicas” para 1984, en la década en la que llegó Huezo, había 45.918 nicaragüenses. Para el año 2000 esa cifra se quintuplicó, llegando a alcanzar los 236.374, es decir el 5.9% de la población costarricense en ese entonces. No se sabe exactamente cuántos nicas están en el país, porque de acuerdo a un estudio publicado por la Fundación Arias una gran parte del flujo migratorio es irregular. Se calcula que la cifra asciende a los 500.000.
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Los intentos por demandar el voto en el exterior han sido varios, pero ninguno ha caído en terreno fértil. En 2007, un grupo de nicaragüenses en California difundió una proclama en la que demandaban la cedulación de la diáspora para crear la base del voto. En la misiva solicitaban una partida presupuestaria con el fin de crear un Instituto de Cedulación Ciudadana, independiente del Consejo Supremo Electoral, para que censara a los nicas en el extranjero.
La Asamblea Nacional aprobó diez años después una ley –Ley de Identificación Ciudadana– que permite a los radicados fuera tramitar su cédula en los consulados, pero diferentes iniciativas han asegurado que no siempre se aplica.
Tarea pendiente, otra vez
Ni la diáspora ni los exiliados podrán ver materializado el voto en el exterior este 2021. Para el politólogo Manuel Orozco, experto en temas de migración y remesas del Diálogo Interamericano, con sede en Washington, es simplemente imposible habilitar algo así a estas alturas.
“La tramitología y burocracia que se necesita trabajar dentro de cada consulado, ejecutar verificaciones de nacionalidad y registro electoral, no permite que este derecho se pueda otorgar. Esta es una oportunidad postergada por todos los gobernantes de Nicaragua”, explica.
Para Orozco, esta negación es consistente con el cálculo político del Frente Sandinista, quienes según el experto perciben que habilitar este derecho les quitaría votos. A pesar de ello, no existen datos estadísticos que afirmen o desmientan esta percepción, pero se presupone mediante la forma peyorativa en que los simpatizantes del partido llaman a los nicaragüenses que radican fuera. En especial a los nicas en Estados Unidos que son tildados de “somocistas” y “contras”.
“La ausencia del voto también refleja que el movimiento político de la diáspora ha venido formándose lentamente y con ciclos de vida corto asociado con crisis políticas predominantes en Nicaragua. La diáspora se organiza después de situaciones difíciles (con pocas excepciones durante el gobierno de Enrique Bolaños) en Nicaragua para apoyar a sus compatriotas y de paso exige el derecho al voto. Como una comunidad organizada consistentemente en los últimos 20 años, existen muy pocas organizaciones que han abogado por ese derecho y su capital político ha sido limitado”, comenta el experto.
Según Orozco, al ser este un tema tardío no es posible dimensionar cuánto pierde la oposición con la ausencia del voto en el exterior. Las estadísticas aseguran que en los 115 países donde se garantiza, al menos el 10% de la diáspora vota, una cifra que varía entre cada país y que va en dependencia de cuántas personas se registren. “En el caso hipotético que ocurriera, asumiendo que un 20% se registrara para votar al exterior y de ellos, un tercio votara, estaríamos hablando de al menos 30 000 votos”, calcula.
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Pero ya es tarde para que esta hipótesis se cumpla. “El proceso debió haber empezado en 2017, para haber tenido dos años al menos para preparar la inscripción de los nicaragüenses”, asegura el experto.
Este aspecto no tiene que pasar por una reforma electoral, porque la actual legislación ya lo contempla en su artículo 122, cuyo inciso 4 pide la “elaboración de un registro por el Consejo Supremo Electoral que permita determinar e inscribir el número de ciudadanos nicaragüenses residentes en el extranjero y con derecho a voto”.
“Lo que se necesita es desarrollar ese registro, el cual es trabajo arduo de identificación y documentación de los nicaragüenses residentes en el exterior. Son más de 700 000 ciudadanos de Nicaragua que viven en más de 20 países en todo el mundo, de los cuales el 90% es mayor de edad. Este es un trabajo monumental e ignorado por el Estado y el gobierno”, argumenta Orozco.
En Estados Unidos y España no quieren que el tema “muera”
Además de Costa Rica, la diáspora se ha asentado en Estados Unidos y España, dos focos donde la comunidad nicaragüense tiene una enorme presencia. En estos puntos se han establecido redes de apoyo cuyos alcances se conocen muy bien. Los nicas radicados durante décadas allá han visitado centros de detenciones, han creado iniciativas para la compra de víveres y recargas telefónicas. Incluso, han boicoteado actividades donde participan familiares y allegados del gobierno. Si algo han demostrado es que tienen una incidencia amplia.
Carolina Zediles vive en los Estados Unidos desde hace 23 años. Radica en Arizona, una ciudad donde la presencia de nicas no es mucha, comparada con California, Texas y Florida. También forma parte del grupo Conexión USA – Nicaragua, una organización que busca incidir políticamente en las decisiones del país.
La mujer habla con pragmatismo: “Sabemos que no vamos a participar en unas elecciones, no vamos a ir a una Junta Receptora de Votos, pero creemos que por lo menos debemos ser tomados en cuenta en la elección de los candidatos (de la oposición). Ese es el objetivo”.
Desde Conexiones, también ha habido discusiones respecto al tema electoral. Zediles dice que se están trabajando en acciones concretas para “no permitir que el tema muera en la agenda de los opositores”. Mientras esto sucede, algunos precandidatos de la oposición ya han hecho pública sus postulaciones y las bases de lo que podría ser su gobierno, pero ninguno ha mencionado directamente el tema del sufragio en el extranjero.
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“Desde que me fui del país nunca he participado en ningunas elecciones porque jamás he regresado. Pero he estado observando la situación en Nicaragua. Amo mi patria, pero siempre supe que no había condiciones para regresar. Entonces, decidí hacer mi vida aquí”, dice.
Desde abril de 2018 ha documentado hasta 300 casos de nicaragüenses que han pasado por centros de detenciones migratorias, huyendo de la represión del gobierno. A cada uno de ellos le ha buscado ayuda legal para que puedan recurrir al asilo.
“Yo creo que mi voto debe ser contado en algún momento. No tengo cédula porque nunca me la han entregado. Como diáspora pedimos que se nos escuche”, reitera Zediles.
Al otro lado del océano, en Madrid, España, vive Luis Blandón. En esta ciudad española se calcula que habitan 7.118 nicaragüenses censados. Desde hace ocho meses, cuando arribó a la península, se involucró con las organizaciones de la diáspora y ha sostenido reuniones con el gobierno español y los europarlamentarios para poner presión al gobierno de Nicaragua.
“Soy de los que cree que tenemos que dar la batalla hasta el último minuto y soy de los que siente el entusiasmo. Queremos luchar por ese derecho, porque es mentira que todos los nicas vamos a regresar a ejercer el voto si no tenemos seguridad”, opina.
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