Campesinos, líderes estudiantiles, ex presos políticos y familiares de ex presos políticos convocaron a una conferencia de prensa de emergencia para anunciar la campaña «un paro y no un disparo», en la que proponen paralizar al país por tres días, del 22 al 24 de agosto.
Aseguran que representan a varios sectores sociales en resistencia y que abogan por una unidad en la acción y no solo en el discurso, siendo esta campaña «el inicio de esa nueva etapa de unidad para cambiar y conseguir una correlación de fuerzas que nos de esperanza en esta lucha».
Hicieron un llamado a una cantidad enorme de empresarios, banqueros, y organizaciones gremiales como AMCHAN, COSEP y UPANIC, así como a los cinco grandes inversionistas que en febrero pasado se reunieron con Daniel Ortega, como son: José Antonio Baltodano fundador y presidente de Mercon Cofee Group, Carlos Pellas presidente del grupo Pellas y vicepresidente del Banco Avanz, Roberto Zamora, presidente del grupo LAFISE, Ramiro Ortiz presidente del grupo Promerica y Juan Bautista Sacasa accionista y presidente directivo de la junta del BDF a unirse a la vanguardia de esta campaña y sumarse al paro.
«El objetivo de este paro nacional a la vez de mermar la capacidad adquisitiva del gobierno a través del FISCO, es exigirle al mismo el cumplimiento de los acuerdos firmados, la liberación de los presos políticos, restitución de las garantías constitucionales como derecho a la libre manifestación pacífica», aseguraron.
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Freddy Navas, líder campesino manifestó que un paro es la única vía no violenta para poder debilitar al Gobierno de Ortega de forma acelerada.
«No podemos cuantificar las pérdidas económicas, con las pérdidas humanas, sabemos perfectamente las cienes o miles de personas que han perdido la vida y la siguen perdiendo, principalmente en el campo a través de las ejecuciones selectivas y masivas. En los últimos meses van 22 muertes, no hay ni un solo detenido ¿cuánto vale la vida humana? ¿qué precio tiene?, como es de los pobres, como es del pueblo no vale nada, si fueran selectivos con las personas del pueblo, con los estudiantes, si fueran así de selectivos con la empresa privada, sería diferente el panorama que estamos viviendo», dijo.
Los movimientos aglutinados en esta iniciativa dan un plazo de 72 horas a la Alianza Cívica para pronunciarse para demostrar la unidad ante la urgencia de hacer frente a las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales del actual Gobierno.
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