Los abogados independientes del despacho Defensores del Pueblo interpusieron ante la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) un recurso de amparo en contra de la resolución 3179 del Ministerio de Gobernación, que otorga nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes y su familia, porque dicha acción no cumple con la Ley General de Migración y Extranjería.
Según los abogados, todo el proceso de Funes en Nicaragua carece de legalidad, desde el otorgamiento del asilo político en septiembre del 2016, hasta el otorgamiento de ciudadanía en julio de este 2019. Para aplicar a este último acto, el expresidente salvadoreño acusado de malversar 351 millones de dólares del presupuesto público en su país, debió haber esperar cuatro años, el cual se cumple hasta el 31 de agosto de 2023.
Las irregularidades
Entre los aspectos ilegales que señalaron los abogados, el trámite del proceso fue realizado de forma rápida y ante instituciones no correspondientes.
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Inicialmente señalan que Funes no pidió asilo político ante el órgano competente. “La solicitud de asilo no se hace ante Cancillería, se hace ante la Comisión Nacional de Refugiados, la misma Ley General de Migración y Extranjería cita que los asilados y refugiados se regirán bajo esta ley que estamos citando”, dijo el abogado José López, de Defensores del Pueblo.
Por otro lado, Julio Montenegro, indicó que ese proceso fue rápido y no cumplió el proceso establecido. “Un 1 de septiembre de 2016 hizo la solicitud y el 2 de septiembre el Estado nicaragüense, a través de Migración y Extranjería, le da curso para efecto de beneficiarlo con la ciudadanía nicaragüense”. El recurso de amparo establece un llamado en contra de aquellas “decisiones de los funcionarios que violenten la norma establecida”.
En cuanto a la ciudadanía de Funes, los abogados explicaron que es ilegal porque viola la legislación nacional y el tratado internacional que prohíbe otorgar nacionalidad a personas que hayan cometido delitos en su país.
Además de estar contemplado en la Ley General de Migración y Extranjería, hay un suscrito entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua donde se establece que los funcionarios y ex funcionarios de estos países que sean requeridos por la justicia por actos de malversación de caudales públicos, corrupción o lavado de dinero no pueden ser protegidos con asilos y otorgamiento de nacionalidades de los países suscriptores de este tratado.
“Hay un tratado a nivel centroamericano donde se dice que las personas que están siendo objetos de procesos o que ya tengan condena, no serán beneficiados con este tipo de decisiones”, apuntó el defensor.
Montenegro señaló que el recurso de amparo fue realizado para “dejar constancia de las situaciones irregulares de los procedimientos que no son establecidos en base a la ley por parte del Estado de Nicaragua, al emitir una resolución favorable cuando él no cumple los requisitos”.
En caso que la Corte Suprema de Justicia no de respuesta, los abogados señalaron que van a recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia.
Mauricio Funes llegó a Nicaragua en 2015 junto a pareja e hijos y solicitó asilo político para él y los suyos. No obstante, la Fiscalía de El Salvador señala al expresidente, a su familia y ex funcionarios de su gobierno, de malversar un fraude por más de 351 millones de dólares en perjuicio de la nación centroamericana.
Funes fue presidente de El Salvador en el periodo entre 2009-2014.
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