En redes sociales recientemente ha circulado la noticia de que la casa donde pereció calcinada la familia Velásquez Pavón en 2018, ubicada en el barrio Carlos Marx, en Managua, mismo caso que aún continúa en la impunidad, ha sido puesta en venta.
Aunque intentamos comunicarnos con la actual propietaria de la casa quien se negó a brindar información sobre la razón de la venta, conocimos extraoficialmente que esto se debe a motivos de viaje. Esto es lo que se sabe:
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La propiedad donde seis de los miembros de una familia -entre ellos, dos niños- murieron incinerados mientras dormían la mañana del sábado 16 de junio de 2018, está a la venta por un costo de 300 mil dólares, sin financiamiento bancario.
El pago del inmueble solo se recibirá en efectivo.
Aunque las condiciones de la propiedad son deteriorables tras años sin ser habitada, la documentación legal del terreno y la construcción se encuentra «en regla» para ser transferida al nuevo propietario que la compre.
¿Cómo ocurrieron las hechos?
En esta casa operó un negocio de venta de colchonetas el cual quedó completamente reducido a cenizas por el fuerte incendio que según organismos de derechos humanos, fue «provocado por fuerzas paraestatales bajo la vista y paciencia de la Policía Nacional».
El hecho ocurrió en medio de las multitudinarias protestas contra el régimen sandinista y durante «la operación limpieza» que tuvo como fin el levantamiento de las barricadas en todo el sector de la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
«Ellos venían encapuchados, acompañados de policías, nos encerraron y nos quemaron vivos», dijo a BBC Mundo Ana Velásquez, miembro de la familia que logró sobrevivir a la matanza al saltar al exterior desde el segundo piso.
Sobre el caso las autoridades policiales enjuiciaron a una estudiante y a un mecánico por supuestamente haber provocado el incendio. Cuando fueron liberados, relataron al extinto El Nuevo Diario que se les involucró en un crimen que, aseguran, nunca cometieron.
La Misión de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) señaló en un informe presentado en agosto 2018, que la casa fue incendiada porque los dueños no permitieron a la Policía y a los francotiradores utilizar el tejado.
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