Así practica el espionaje político el gobierno de Daniel Ortega

  • La exguerrillera Dora María Téllez dice que por meses un dron fue enviado a su casa para espiarla.

El 25 de noviembre del año pasado, cuando los ánimos se encontraban caldeados en Nicaragua por la crisis sociopolítica en el país, que en ese entonces cumplía siete meses, un dron (vehículo aéreo no tripulado) revoloteaba en la residencia del director del canal 1o0% Noticias, Miguel Mora. El dron ingresó en la entrada principal de su casa y luego se colocó por unos dos minutos encima del techo captando con sus múltiples cámaras los ángulos de la casa.

En ese entonces Mora sufría asedio y persecución por parte del gobierno de Daniel Ortega. Patrullas policiales lo detenían constantemente y civiles en motocicletas lo seguían cuando se dirigía al hoy clausurado canal de televisión.

«Los paramilitares sandinistas enviaron hoy un dron a mi casa con el objetivo de intimidar a mi familia. El dron se mantuvo por varios minutos frente a la casa incluso entró hasta nuestro patio. Le lancé una piedra y los cobardes me lo dejaron ir (el dron) a la cara», denunció en ese entonces Mora. Un mes después el empresario televisivo estaba siendo detenido y acusado de varios cargos en su contra.

La denuncia de Mora no tuvo eco pese a la prohibición del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, INAC,  en 2014, de utilizar estos artefactos electrónicos para supuestamente «prevenir tragedias». De hecho en Nicaragua ninguna empresa está autorizada a utilizar drones, excepto la empresa Difuso, propiedad de Juan Carlos Ortega, hijo de la pareja presidencial Ortega Murillo.

El envío de este dron a la residencia de Mora desnudó lo que se sospechaba del gobierno de Ortega, según sus críticos: el espionaje político que mantiene contra sus detractores. Según la historiadora, política, y comandante guerrillera nicaragüense Dora María Téllez, este fue un claro ejemplo de que «Ortega siempre ha estado realizando espionaje político» pese a la prohibición constitucional impregnada en la Carta Magna de los nicaragüenses.

Pero la acusación de Téllez va más allá de la utilización de un dron, y denuncia que Ortega ha utilizado incluso a la «inteligencia policial» y ha convertido a la institución en «policía política del régimen»; un señalamiento similar realiza al Ejército de Nicaragua.

La denuncia de Téllez coincide con una denuncia que realizó en 2016,  el director del diario digital Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, quien denunció actos de intimidación y espionaje político de parte de oficiales del Ejército de Nicaragua y del partido Frente Sandinista.

En ese entonces Chamorro relató que dos trabajadores de Confidencial fueron «requeridos» por separado por un oficial del Ejército de Nicaragua y por operadores del partido gobernante Frente Sandinista, para tratar de recabar información sobre el funcionamiento del medio digital.

El periodista Carlos Fernando Chamorro en las afueras de los Juzgados de Managua. Foto: NICARAGUA INVESTIGA.

Dora María Téllez asegura que luego de la inteligencia realizada por oficiales del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional continúa el que realizan «grupos de choques, paramilitares,Consejos del Poder Ciudadano (CPC), secretarios políticos en los vecindarios, que según la exguerrillera también hacen labor de inteligencia y de espionaje político.

Los señalamientos de la exdirigente sandinista son totalmente graves y contrastan el artículo 96 de la Constitución Politíca de Nicaragua que «prohíbe a los organismos del ejército y la policía y a cualquier otra institución del Estado, ejercer actividades de espionaje político».

«Desde el momento en que el espionaje político se prohíbe en la Constitución es porque es de suma gravedad», dice Téllez y agrega «que un gobierno esté espiando a un partido porque piense diferente es totalmente inconcebible».

Espionaje económico

Otro de los métodos que el gobierno de Ortega usa para realizar espionaje es a través de la llamada Unidad de Análisis Financiero (UAF), adscrita a la Policía Nacional. Recientemente a través de una reforma a la Ley 997, Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, establece sanciones que abarcan hasta los 50.000 dólares a los bancos privados que no brinden información de sus clientes.  Según el exdiputado Eliseo Núñez, la aprobación de dicha normativa tiene como único fin el controlar e investigar a líderes opositores.

“Así quieren controlar a la gente de los barrios, a las poblaciones más pequeñas, porque ellos (el gobierno) asumen que ahí fue donde estuvo el financiamiento de los tranques, barricadas, y todo lo demás. Eso es lo que quieren buscar, no sé si recuerdan que cuando las primeras acusaciones de terrorismo, parte de las pruebas eran transferencias de remesas que se hacían a través de Western Union”, dijo Núñez a un medio internacional.

También se espía con tecnología Israelí

Por último escalón Dora María Téllez coloca el espionaje digital que según ella usa el gobierno de Ortega a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos para interferir en llamadas telefónicas e incluso «bloquearlas».

«A través de Telcor el régimen interviene los teléfonos, desde los mecanismos a nivel central, incluso bloquea llamadas, interviene llamadas (..)  en mi caso lo han usado muy frecuentemente durante meses».

De hecho una investigación periodística del diario israelí Haaretz, arrojó que Nicaragua y otros países compró a empresas tecnológicas privadas israelíes programas de espionaje y recolección de inteligencia.

Según el diario, estos programas de vigilancia manipulan y se apropian de toda la actividad de un teléfono inteligente, como la ubicación del usuario, sitios que visita y los contactos personales. Además, estas herramientas tecnológicas pueden convertir al equipo en un dispositivo de grabación secreto.

«Hay otro tipo de espionaje, a través de informantes. personas que chantajean, les pagan, les amenazan, simplemente son sus simpatizantes y los usan», finaliza Téllez.

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