A como lo establece la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, este domingo 15 de diciembre los diputados finalizan el periodo de sesiones e iniciarán vacaciones de fin de año hasta reintegrarse el 09 de enero de 2020 al nuevo periodo de sesiones de ese año.
En la Asamblea Nacional hay 92 diputados más sus respectivos suplentes. 90 de ellos son escogidos por voto popular en las elecciones generales que se realizan cada cinco años. Los otros dos diputados son el presidente del periodo saliente y el candidato a presidente que haya quedado en segundo lugar.
Los diputados ostentan un salario de 3,265.62 dólares mensuales, además de otros beneficios como exoneraciones mensuales de 135 galones de combustible y exoneración de impuestos para el ingreso de dos vehículos al país durante su periodo.
Por otro lado, los diputados tienen sesiones parlamentarias semanas de por medio y solamente tienen tres encuentros en la semana que sesionan, los cuales suelen iniciar a las nueve de la mañana y concluyen a las doce del medio día. Es decir, dieciocho horas al mes, además de dos recesos parlamentarios en los meses de julio y diciembre.
La Asamblea Nacional es controlada por el partido gobernante FSLN – Foto: Nicaragua Investiga
Según el portal web de la Asamblea Nacional durante el año 2019, fueron aprobadas 23 nuevas leyes, entre las que destacan la Ley de Amnistía que permitió la liberación de varios presos políticos en junio pasado, la Ley de Atención Integral a las Víctimas que establece brindar «atención y reparación integral a víctimas y sus familiares en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril del 2018».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han rechazado está ley porque «no cumple con las normas y estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición». Por su parte, la presidenta de la Asociación Madres de Abril, Francys Valdivia, ha rechazado esta ley por considerar que se trata de «asesinos otorgándose perdón» por el asesinato de sus hijos y familiares.
La reforma a la Ley de Estabilidad Energética y las reformas a la Ley de Concertación Tributaria también causaron mucho ruido con su aprobación porque significarían tocar el bolsillo de los nicaragüenses en medio de una crisis económica que deviene de la crisis política.
Otra ley que destaca es la reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional que le quita facultades administrativas al presidente del parlamento Gustavo Porras. Esta ley fue aprobada después de que el Departamento del Tesoro sancionara a Porras por estar involucrado en la represión estatal en contra de los ciudadanos que se oponen al gobierno de Daniel Ortega.
El ex presidente de la Asamblea Nacional Alfredo César considera que después de esa sanción, Porras se convirtió en «un presidente nominal, es la primera vez que un presidente en Nicaragua no puede ni manejar su presupuesto porque su firma es rechazada en los bancos nicaragüenses e internacionales y tampoco puede firmar las leyes que se aprueban en la Asamblea».
Departamento del Tesoro de EEUU – Foto: Nicaragua Investiga
Por su parte, el excanciller de Nicaragua Francisco Aguirre Sacasa dijo a Nicaragua Investiga que con la sanción a Porras «dejaron incapacitada la Asamblea Nacional» y el presidente de esta, estaría «civilmente muerto no solo en Nicaragua sino en todo el mundo occidental y todo aquello que está vinculado a él, incluyendo la Asamblea Nacional».
El diputado sandinista Wilfredo Navarro, en su momento, dijo que con la sanción a Porras «no hay ninguna afectación» y sobre la destitución de sus funciones administrativas dijo que «lo que estamos haciendo es algunos ajustes, para que no se afecten a los bancos nicaragüenses que tienen corresponsales en Estado Unidos».
A su vez, el mismo Porras aseguró sentirse «orgulloso» de haber sido sancionado. «Para mí es una condecoración que el imperio asesino, hable de lo que él llama sanción, esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos y para mí es un orgullo pertenecer a ese colectivo de nicaragüenses» dijo durante una sesión parlamentaria.
Según el diputado sandinista Walmaro Gutierrez, quien firma ahora los cheques de pago y nóminas de la Asamblea Nacional después de la sanción a Porras es «la secretaria o el secretario de la Asamblea Nacional, responsable de la administración del presupuesto y del personal de la Asamblea Nacional». Sin embargo, hasta esta fecha se desconoce quién es la persona que ocupa este cargo.
Gustavo Porras en el plenario de la Asamblea Nacional. En su brazo derecho luce un reloj inteligente de la compañía estadounidense Apple.
Por primera vez en Nicaragua, la Asamblea Nacaional mantiene como presidente a un sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo cual podría tener graves consecuencias y podría contaminar el parlamento nacional y hasta convertirlo en una facción del Estado inoperativa.
Actualmente, la oposición política del país considera que la Asamblea Nacional está cooptada y controlada por el oficialismo, y que opera como un brazo político del FSLN.
Trabajo parlamentario ha sido «muy deficiente»
César comenta que el trabajo parlamentario este año ha sido «muy deficiente porque fue un año caracterizado por iniciativas de ley producidas violentando los procedimientos». La mayoría de las leyes aprobadas este año han sido «con carácter de urgencia» y enviadas al plenario para su aprobación por el titular del Poder Ejecutivo Daniel Ortega.
Según la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, la principal función del órgano legislativo del país es «representar a las y los nicaragüenses escuchando y atendiendo al pueblo, encauzando sus planteamientos democráticos para responder a sus demandas, aprobando leyes incluyentes e inclusivas con enfoque intercultural, generacional y de equidad de género, ejerciendo control legislativo sobre las actuaciones de los organismos e instituciones del Estado, que contribuyan al Estado Democrático y Social de Derecho que permita el perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la Nación en beneficio de la familia nicaragüense».
Por su parte, la diputada Azucena Castillo menciona que esto no se cumple y en distintas ocasiones «se ha violentado el debido proceso» para aprobar leyes y decretos, lo cual coincide con lo expresado por Alfredo César.
«Aquí hay una Asamblea a la deriva que verdaderamente es bien negativo todo su accionar» concluye el ex presidente de la Asamblea Nacional.
Recientemente, las última ley aprobada que ha causado polémica es la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantías de Suministros de Combustibles y Productos Derivados del Petroleo a la Población Nicaragüense, que pretende nacionalizar a la recién sancionada empresa estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleos.
Esta jugada política sería para garantizar el abastecimiento de combustible en el país, explicó a Nicaragua Investiga el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora. Por otro lado Zamora expresa que la intención del departamento del Tesoro es que la empresa DNP pase a ser administrada nuevamente por el Estado y no por la familia Ortega-Murillo.
El problema es que con esta nueva ley, el Estado también asumirá las deudas de DNP, por lo tanto, serán los nicaragüenses quienes las pagaran, explicó la diputada Azucena Castillo.
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