El embajador nicaragüense en Panamá, Marvin Ortega Rodríguez, fue retirado el miércoles de su cargo, dos semanas después de que el gobierno panameño cuestionara la decisión del presidente Daniel Ortega de despojar de la nacionalidad a 316 opositores.
La medida fue adoptada mediante un acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta. El diplomático será reemplazado por la periodista Consuelo Sandoval Meza como ministra consejera de la embajada nicaragüense en Panamá con funciones consulares, se indicó.
Sin embargo, la medida tiene lugar después de que el gobierno del presidente panameño Laurentino Cortizo cuestionara la decisión del presidente de Nicaragua de despojar de su nacionalidad nicaragüense a 316 opositores, 222 de los cuales fueron liberados de prisión y expulsados a Estados Unidos.
Panamá instó al gobierno nicaragüense «a garantizar el derecho insoslayable de las personas a mantener una nacionalidad, como derecho consagrado en la legislación de todos nuestros países”.
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Entre los 316 nicaragüenses despojados de su nacionalidad figuran siete exaspirantes a la presidencia excarcelados como parte de los 222 “presos políticos” desterrados el pasado 9 de febrero, así como 94 opositores, en su mayoría exiliados, como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los excomandantes sandinistas Dora María Téllez y Luis Carrión, además de 22 periodistas.
La inédita decisión de Ortega provocó críticas de organismos de derechos humanos y la oferta de siete países (España, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México y Brasil) de otorgarles su nacionalidad a los nicaragüenses “apátridas”.
Hace apenas unos días, el gobierno de Nicaragua anunció que propuso al Vaticano la “suspensión” de relaciones diplomáticas, en medio de un incremento de las tensiones con la Iglesia católica y tres días después de que el papa Francisco se refiriera a la administración de Ortega como una “dictadura hitleriana” y “grosera”.
Nicaragua vive una grave crisis política y social desde abril de 2018, cuando una revuelta cívica contra el gobierno fue sofocada con violencia por la policía y paramilitares, causando 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y al menos 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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