El paramilitar sandinista Pierson Adán Gutiérrez Solís, quien confesó el asesinato de la estudiante brasileña Raynéia Da Costa Lima en 2018, ha sido llevado en varias ocasiones ante la justicia controlada por el régimen sandinista. De acuerdo a su expediente, el hombre de 45 años se ha logrado salvar de ir a parar a la cárcel en cada demanda por incumplimiento de pensión alimenticia y de agresión.
Un acta de mediación, en manos de Nicaragua Investiga, con fecha del 20 de junio de 2022, indica que el paramilitar confeso y actual trabajador del Estado, fue denunciado por la ciudadana Jacqueline Carolina Serrato Zapata, de 39 años, por no haber entregado la pensión alimenticia de sus hijos durante los años 2020, 2021 y 2022.
La cantidad pendiente ascendió a C$ 166,351.05 más otros gastos por la falta de pago durante tres años.
El documento detalla que Gutiérrez Solís debía pagar los más de cien mil córdobas en concepto de alimentos mensuales incumplidos, adicionados los décimos terceros meses por los tres años, más la penalización del 2% por incumplimiento y el 50% de reembolso de los gastos escolares.
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La deuda debe saldarse en 132 cuotas quincenales, equivalentes a C$1,260.00 cada una, las cuales deben entregarse a más tardar dos días después de cada quincena que devenga.
Para ello, la justicia del régimen le dio 66 meses para pagar, cuyo plazo expira el 30 de noviembre de 2027.
Además, el ahora acusado por no pasar los alimentos a sus hijos, también debe pagar por pensión ordinaria la cantidad de C$5,480.00 mensuales, en quincenas de C$2,740.00.
La Unidad de Investigación de Nicaragua Investiga, que tuvo acceso a la planilla del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), reveló en marzo que, de acuerdo a la información pública, Pierson Gutiérrez Solís recibe un sueldo mensual de C$16,222.50 ($442.35 dólares) del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma), del Proyecto de Tarifa Social de Transporte, que era administrado por la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic), en la que este paramilitar aparecía emplantillado al momento del crimen. Es decir, solo fue trasladado de una institución a otra.
Caso resuelto por mediación por «no tener antecedentes penales»
Este caso fue resuelto por mediación en el Juzgado Segundo de Distrito de Adolescente y Especializado en Violencia, a cargo de la sandinista Miroslava Calero Chamorro, en Managua, quien sentenció «suspender la persecución penal».
«Se constata que el acusado (Pierson Gutiérrez) no tiene antecedentes penales relacionados con los delitos señalados en la Ley 779 ni anteriormente ha hecho uso de la mediación en delitos vinculados a dicha Ley», aseguró la judicial.
La jueza sandinista se sustentó en el Código Procesal Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, para realizar la mediación entre las partes.
«Cuando una persona es reincidente con el mismo caso, la ley prohíbe que se haga una mediación, pero en este expediente solo es Pierson Gutiérrez mediando. Claro, poniéndolo en un contexto más generalizado por sus antecedentes (asesinato en 2018), el dato es más perturbador», manifestó el experto en administración de justicia Yader Morazán, al ser consultado por este medio.
Pierson Gutiérrez con serie de delitos
Sin embargo, Pierson Gutiérrez Solís es un «viejo conocido» de los Juzgados, debido a su historial de delitos por los cuales se le ha acusado.
En el año 2003, el «protegido» del régimen fue denunciado por la ciudadana Gina Elizabeth Green Stewart también por alimentos.
Y en 2017, fue acusado por el ciudadano Wascar Daniel Berríos Jarquín por el delito de «agresiones contra las personas», cuyo caso fue declarado inadmisible por la justicia de Nicaragua.
El Juzgado Cuarto Local de lo Penal de Managua indicó que la víctima de Pierson Gutiérrez tuvo cinco días para subsanar la acusación y «siendo que el término establecido a la fecha ha vencido, se declara la extinción de la acción penal y el archivo definitivo de las diligencias».
Desconfianza en el sistema de justicia
El abogado Yader Morazán explicó que, generalmente en las demandas por pensión alimenticia, el Ministerio Público es la instancia de acusar, a menos que las víctimas prefieran presentar una «acusación particular» con un abogado privado, lo cual ocurrió en el caso de este paramilitar.
«Eso ocurre por dos razones: o por comodidad porque las víctimas pueden tener cierto nivel económico o porque las víctimas desconfían en el sistema de justicia», manifestó.
Añadió que es posible que las víctimas desconfíen de la justicia nicaragüense después que Pierson Gutiérrez haya admitido los hechos de 2018 y esté gozando de libertad.
Nicaragua Investiga
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