La misión permanente de Brasil ante la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a los países miembros del organismo regional abstenerse de calificar de «dictadura» al régimen de Daniel Ortega y negar las confiscaciones ejecutadas contra líderes gremiales en Nicaragua, denunció el exembajador Arturo McFields.
La representación del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, cercano de Ortega, presentó una propuesta de redacción al proyecto de resolución denominado «La crisis de derechos humanos en Nicaragua» que será debatido la próxima semana en la Asamblea General de la OEA.
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En las modificaciones al texto hechas por Brasil se elimina las palabras «cese a la represión y detención arbitraria». Pero lo más grave, expresó McFields, es que pide cambiar la demanda de «retorno a la democracia» en Nicaragua por «fortalecimiento de la democracia«, con lo cual estaría negando el establecimiento de una dictadura en el país centroamericano.
Propuesta de la misión de Brasil ante la OEA sobre Nicaragua. Junio, 2023. Foto: Cortesía/ Arturo McFields.
McFields, exembajador ante el organismo continental, dijo que el presidente Lula da Silva «está mintiendo y contando otra historia que jamás existió en Nicaragua» en ese documento.
Señaló que en la propuesta de la «delegación infame» del país sudamericano también se pide que no se diga que hay confiscaciones en Nicaragua.
Lo de Brasil es un «acto vergonzoso, repugnante, una burla para miles de personas que han tenido que huir de Nicaragua, para las víctimas de persecución, los asesinatos», agregó.
La crisis política y de derechos humanos de Nicaragua volverá nuevamente a la agenda de la OEA, a petición de Canadá y otros países miembros, a cinco meses que Nicaragua se separe del organismo regional a solicitud de la dictadura.
La sesión 53ª de la Asamblea General se realizará los días 21, 22 y 23 de junio en Washington.
Opositores nicaragüenses demandan al organismo adoptar medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras para contribuir a la restauración del orden democrático; calificar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) una organización terrorista; y desestimar la solicitud de retiro de Nicaragua en la OEA, entre otros.
En la reciente sesión del Consejo Permanente las delegaciones demandaron la liberación del obispo Rolando Álvarez y denunciaron el arbitrario despojo de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses.
Nicaragua Investiga
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