Paramilitares son pagados con dinero del pueblo, por ser «policías voluntarios»

Una nueva versión de Ortega reconocería implícitamente que paramilitares son armados por el gobierno y pagados con nuestros impuestos.

 

En una primera entrevista con FOX News, Daniel Ortega habría negado que los paramilitares armados que atemorizan y matan civiles en todo el país pertenezcan a su partido, y por el contrario acusó a esos grupos de pertenecer a estructuras del PLC y otros partidos de oposición. A Telesur le aseguró que estos matones encapuchados son grupos terroristas de «derecha» financiados y entrenados por Estados Unidos para culpar a su gobierno de los asesinatos que cometen y hoy dijo a Andrés Oppenheimer, primero que eran «ciudadanos defendiénndose». Ante más cuestionamientos del periodista que le mostró una foto donde portaban banderas sandinistas, dijo que esta imagen «podría ser un montaje», para luego terminar anunciando que eran policías voluntarios. «La ley lo contempla, la policía voluntaria», dijo el contradictorio mandatario.

De hecho, la ley de la Policía Nacional, Ley 872 establece la figura de Policía Voluntaria, y en su artículo 25 establece que las únicas competencias de estos agentes son: «tareas de apoyo, de prevención, vigilancia, seguridad pública y tránsito, las que deberán llevar a cabo debidamente identificados con uniforme y distintivos propios».

Al respecto Andrés Oppenheimer cuestionó el uso de pasamontañas de estos grupos -«En operaciones especiales la Policía debe cubrirse el rostro», dijo Ortega olvidando que la figura de policía voluntario no permite a esos ciudadanos participar en «operaciones especiales».

Esta ley establece también que aunque la Policía Nacional se encargará de su «captación, organización y supervisión, se tomará en cuenta el criterio de la comunidad», tarea que nunca se llevó a cabo, porque la identidad de estos «voluntarios» es totalmente desconocida.

Paramilitares, ahora llamados por Ortega «policías voluntarios» actúan desde siempre en coordinación con la Policía. Foto: EFE

Humberto ya sabía el pretexto de Daniel

El hermano de Daniel Ortega, el General en retiro Humberto Ortega, pareció adelantarse a la excusa del Presidente y en una reciente entrevista a CNN en español dijo: «Estas fuerzas civiles armadas se han instrumentado fuera de la ley, porque hay una ley de la policía que permite auxiliarse con policías voluntarios, pero esos policías voluntarios no los hemos visto nosotros ser convocados por la policía para auxiliar sus funciones y en todo caso, la policía voluntaria no tiene misiones como para las que han estado siendo usados, como estas fuerzas parapoliciales que son totalmente ilegales y que realmente son las que han provocado a mi modo de ver, la mayor cantidad de violencia y muerte en esta situación».

Humberto en su entrevista fue enfático e insistente en solicitar a Daniel Ortega el desmantelamiento de estos grupos, como una condición indispensable para iniciar un proceso de paz en el país «No podemos permitir jamás que hayan tres fuerzas armadas, que no sean la Policía y el Ejército», dijo.

Paramilitares sobre nuestros hombros

Paramilitares circulan en camionetas de lujo, con armas de guerra y actúan con total impunidad secuestrando gente y atemorizando municipios enteros. Foto: El Clarín

Al reconocer a estos grupos paramilitares como grupos armados, Ortega reconoce implícitamente que es el gobierno el que les estaría garantizando armamento de guerra.

También estaría reconociendo que estos matones son pagados con fondos del Presupuesto General de la República, es decir, con nuestros impuestos, ya que la misma Ley establece en su artículo 24, relativo a los derechos de los que gozarían estos agentes: «1. Avituallamiento y la técnica necesaria para preservar su seguridad personal en la prestación del servicio 2. Ayuda económica o viáticos para sufragar los gastos relacionados a la prestación del servicio».

Un cuarto punto de ese mismo artículo también establece como derecho de los policías voluntarios «una indemnización y pensión o cuando fallezcan o se discapaciten en el cumplimiento del servicio y al subsidio de los gastos fúnebres».

Lo cual implica que los paramilitares son un gasto público que pesa sobre nuestros hombros. «Ortega reconoce que los arma (a los paramilitares) y los paga y que está intentando darles existencia legal», dice Denis Darce de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que además deja claro: «Ningún artículo (de la Ley de la Policía) legaliza las actividades de paramilitares».

 

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