Los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobaron este jueves 23 de noviembre, con trámite de urgencia y en menos de 48 horas de ser presentada, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que le dejan una partida imprecisa del Presupuesto General de la República (PGR) y no el cuatro por ciento mínimo, que estaba establecido.

La reforma, aprobada unánimemente por los 91 diputados del Parlamento, modifica especialmente el primer párrafo del artículo 84, que tiene que ver con el régimen financiero de ese poder del Estado, en el que se establecía que “de conformidad con la Constitución Política el presupuesto anual del Poder Judicial es no menor del cuatro por ciento del Presupuesto General de la República (PGR)”.

Ahora se ha suprimido esa parte del texto y queda a voluntad de la administración de Daniel Ortega el monto de la asignación.

Además se obliga al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial seguir “los lineamientos de la política para la formulación” del anteproyecto de presupuesto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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También modificaron la Constitución Política

Para poder realizar estos cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los parlamentarios primero modificaron el artículo 159 de la Constitución Política de la República, para “homologar las disposiciones sobre la asignación de recursos de los poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria”.

A dicho artículo se le suprimió el mismo texto de la Ley 260, en el que se refería que “el Poder Judicial recibirá no menos del 4% del Presupuesto General de la República”.

En el mismo artículo se adicionó: “el Poder Judicial recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones”.

Es importante indicar que esto deberá ser aprobado también en segunda legislatura para que entre en vigor.

Desde el desalojo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, de su oficina y las posteriores purgas de funcionarios judiciales, el régimen Ortega-Murillo ha realizado una serie de cambios para mantener su control absoluto en ese poder del Estado.

Antes de reformar el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya le había arrebatado la responsabilidad del Registro Público y se lo pasó a la Procuraduría General de la República, lo que le permitirá al régimen confiscar propiedades sin tener que esperar una aprobación de parte del órgano judicial.