La dictadura de Daniel Ortega, a través de los diputados de la Asamblea Nacional, le quitó al poder judicial el control de los registros públicos (mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles), los cuales ahora estarán bajo el control de la Procuraduría General de la República (PGR), que a su vez está supeditada a Ortega.
La maniobra se hizo por medio de una reforma sorpresa a la Constitución Política de Nicaragua, específicamente la derogación del numeral 4 del artículo 165, en el que se detallan las atribuciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Este Consejo está presidido, hasta el momento, de manera oficial, por la magistrada presidente de la Corte, Alba Luz Ramos Vanegas, pero de esta actualmente se desconoce su paradero exacto, aunque versiones periodísticas indican que fue desalojada de su oficina por la dictadura, interrogada y recluida en su casa, tipo casa por cárcel.
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La reforma
En la reforma, los diputados, todos obedientes a Ortega y a su esposa Rosario Murillo, eliminaron el numeral 4 del artículo constitucional 165 y reformaron los numerales 5 y 6 del mismo artículo.
Con la eliminación del numeral 4, le quitan la jurisdicción sobre los registros públicos al poder judicial, y con las reformas de los numerales 5 y 6 le quitan al mismo poder judicial las facultades de nombrar registradores públicos y de conocer las denuncias por faltas disciplinarias contra los mismos.
Luego, aprobaron una nueva ley, de Adscripción del Sistema Nacional de Registros SINARE a la PGR, que le confiere a esta última institución todas las facultades que eran propias del poder judicial sobre los registros públicos.
«La Ley agilizará y optimizará la administración de los Registros Públicos de: Propiedad, Mercantil, Personas, Garantías Mobiliarias y Beneficiario final de Sociedades Mercantiles», expuso la cuenta en X de la Asamblea Nacional.
Confiscaciones y corrupción
El traspaso de los registros públicos a manos de la PGR, que pertenece al poder ejecutivo, es decir, dirigida propiamente por Ortega, se produce luego de que la dictadura ha confiscado miles de propiedades a opositores y también investiga a sus adeptos por actos de corrupción, como es el caso de lo que ocurre actualmente en el poder judicial, precisamente.
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Historia
Los registros públicos existen en Nicaragua desde 1904 y, por mandato legal, han sido una dependencia del poder judicial, con facultades de organismo supervisor y de control administrativo, con responsabilidad de nombrar y destituir a los registradores públicos.
No es la primera vez que los registros le son quitados al poder judicial y trasladados a la Procuraduría, pues en 1980, por decreto de ley de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), los registros públicos se trasladaron bajo la dependencia del Ministerio de Justicia del poder ejecutivo, que después desapareció, y, en 1988, los registros estuvieron bajo supervisión del Ministerio de Finanzas (Mifin).
Para esa época estuvieron localizados donde estaban los escombros de la vieja Managua.
En 1990, los registros públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil recupera su estado original de dependencia orgánica y administrativa del poder judicial.
Aunque ahora, Ortega nuevamente se los quita.
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