El dictador Daniel Ortega envió este jueves a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que le permitiría controlar y manipular la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos que comúnmente van asociados a estos, entre ellos el terrorismo.
Dicha ley crea un consejo que será presidido por Ortega mismo.
Algunos juristas consultados por Nicaragua Investiga, que pidieron no ser identificados, consideran que la intención del dictador con la nueva ley está relacionada con que no quiere que el país sea incluido en la lista gris de países que no luchan contra el lavado de dinero, y que, incluso, ya hay una ley «vieja» con ese mismo propósito.
Mientras que otros creen que la idea de Ortega es controlar todo lo que puede ser una amenaza no solo para el país, sino contra su régimen mismo, pues el dictador le teme al crimen organizado.
Un último experto señala que el objetivo de Ortega es manejar todo lo que genere recursos, y las incautaciones al narcotráfico y el crimen organizado dejan grandes cantidades de dólares.
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Ya está en la Comisión de Justicia
La propuesta de Ortega se llama «Iniciativa de Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio de Información para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos».
El plenario de la Asamblea conoció de la propuesta de ley este mismo jueves y ya fue remitida a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su consulta y elaboración de dictamen.
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La UAF será la cooordinadora
Se supone que, con esa ley aprobada, se mejorarán las instancias de coordinación y se incrementarán la cooperación y coordinación de las instituciones encargadas de la detención, investigación y persecución de los delitos que se pretenden combatir.
El consejo, una vez aprobado por los diputados, tendrá dentro de sus funciones identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con los delitos provenientes del crimen organizado y narcotráfico, estableciendo la coordinación y elaboración de propuestas públicas y estrategias para que sean presentadas ante el dictador para su aprobación.
La coordinación del consejo estará a cargo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pero también la conformarán el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el Banco Central de Nicaragua (BCN), el Ministerio Público, el Ministerio del Interior (Mint, que rige a la Policía Nacional), la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).