En un acto sin precedentes el régimen de Daniel Ortega ordenó cancelar 1,500 organizaciones de sociedad civil, el combo más grande de suspensiones aprobado desde que inició la persecución contra este tipo de asociaciones en 2018.
La medida se tomó a través del Ministerio del Interior que publicó el decreto en La Gaceta, diario oficial, este 19 de agosto de 2024, y afecta mayoritariamente a organizaciones religiosas, aunque también incluye a otras que se dedican a la promoción de temas culturales, educativos y científicos.
Esta medida se suma a unas reformas que Rosario Murillo anunció se aprobarán próximamente en la Asamblea Nacional y que implicarán nuevas disposiciones para que las organizaciones no gubernamentales puedan seguir operando en el país.
Entre estas se encuentra una reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que eliminará la exoneración de impuestos sobre la renta (IR) a estas agrupaciones, también se gestionará una reforma a la Ley de Agentes Extranjeros y a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro para que estas reporten cada acción que piensen ejecutar y esperen una aprobación oficial.
Edgard Blanco, Presidente del Centro de Acción para la Libertad y estudiante expulsado de la UNAN Managua tras su participación en protestas antigubernamentales, expresa que estas represalias estatales en contra de las organizaciones de sociedad civil y la instauración de un régimen de control excesivo de estas, afecta principalmente a poblaciones vulnerables que se beneficiaban de programas de ayuda directa en donde el gobierno no tenía la capacidad de intervenir.
«¿Qué representa justamente esto?, el abandono a las poblaciones específicas a las cuales se atendía, estamos hablando de oenegés que atendían centros de rehabilitación de pacientes en condición de calle, o gente que tenía adicciones, también centros donde se atendía a la niñez en Nicaragua y se apoyaba a estas familias que no podían darle el sustento diario a sus hijos», indicó Blanco.
«Han cerrado oenegés que pertenecían a la iglesia católica y evangélica, que por ejemplo, se dedican al área de atención humanitaria a personas en condición de pobreza, recordemos que Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina y por tanto necesita esa asistencia social», destacó.
Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, indica que lo peor de toda esta «barrida» es que «frente a esa ausencia tan importante de las organizaciones de sociedad civil, el Estado tampoco brinda una posibilidad de sustitución de los servicios que antes brindaban estas organizaciones», por lo que «estas poblaciones vulnerables se quedan sin posibilidad de acceder a los servicios que antes tenían en sus comunidades», cuestiona.
Sin embargo, destaca que «estamos ante un régimen que no le interesa la población que queda desatendida», lo que para él, denota el carácter de «brutalidad» con el que actúa la pareja en el poder, y su «apatía» por los más desprotegidos.
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Desmantelamiento bajo opacidad
Daniel Ortega reconoció en un acto oficial el pasado 18 de mayo que a pesar que lleva 17 años en el poder, más de los 16 por los que tanto cuestionó a los que él llama «gobiernos neoliberales», tampoco ha podido erradicar la pobreza.
«Tenemos casos de familias que viven en condiciones tan precarias, porque no hemos podido acabar todavía con la extrema pobreza, ese es un reto que tenemos», expresó.
Ese mismo día reconoció también, sin ofrecer cifras exactas ni una rendición de cuentas pública, que había confiscados miles de propiedades que según él, beneficiarán a los más pobres, pero cuyo destino final no ha sido esclarecido.
La arremetida contra las organizaciones no solo ha representado la pérdida de oportunidades para millones de personas que se beneficiaban de esos programas no gubernamentales, sino que para el régimen se han traducido en un proceso confiscatorio anómalo y discrecional que le inyecta jugosos beneficios económicos. Las más de 5,200 organizaciones que fueron cerradas desde 2018, en su mayoría, también han sido despojadas de sus bienes y cuentas bancarias.
La Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia elaboró un informe en 2022 que destaca que solo a nueve de estas organizaciones se les despojó de bienes por el orden de los cuatro millones de dólares, mientras 50 mil personas dejaron de percibir los beneficios de los programas que estas ejecutaban, principalmente en el norte y el caribe del país. Además, unas 152 personas quedaron en el desempleo.
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Retroceso de 40 años
Silvio Prado, miembro de esta asociación, indica que esto «es un retroceso brutal para la sociedad civil a la época del somocismo», cuando solo habían registradas poco más de 330 organizaciones.
Prado explica que el auge de las organizaciones empezó a raíz de 1990 y que fueron los mismos sandinistas los que fundaron gran parte de estas buscando llegar a zonas donde el gobierno no podía.
Para Prado «la imposibilidad de organizarse y tener la opción de expresar sus puntos de vista, de fiscalizar y llevar a cabo sus intereses de acuerdo a sus necesidades», son las grandes pérdidas para la ciudadanía, y dice que esto es «grave», porque una sociedad que no puede organizarse está desarticulada y completamente sometida. Además, del bienestar que la población pierde, porque se dejan de ejecutar programas que impactan en su calidad de vida.
«¿Qué daño le causa a la población la Asociación para enfermos de Lupus?», se pregunta Prado, que dice que el régimen ve una amenaza hasta en las acciones más inofensivas en las que la población busca darse respuesta a si misma sobre problemas que el gobierno no puede atender.
«¿Qué quieren que la población de nuestro país sea una población de islotes donde cada persona no se pueda juntar con otra ni para jugar un desmoche, ni para ir a una misa, ni para hacer una fiesta patronal?, es la destrucción profunda de todo el capital social de nuestro país», indica.
Burla a la cooperación y a la justicia internacional
Para Edgard Blanco, «lo que se busca con este nuevo modelo es canalizar completamente toda la cooperación internacional que llega (…) y utilizarla a gusto y antojo de una dictadura que reprime, que no es demócrata, que sigue violando derechos humanos, y quiere que estas oenegés se conviertan en brazos ficticios de algunas instituciones del Estado», resaltando que además, son instituciones de cuestionable transparencia, por lo que a su juicio, pretenden usar estos fondos «de forma discrecional y clientelar».
Silvio Prado recuerda también que el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas (EPU) ha hecho múltiples recomendaciones al Estado de Nicaragua para mejorar la situación de derechos humanos, sin embargo, y pese a que el país esta próximo a ser sometido a una nueva revisión, la respuesta del régimen de Ortega ha sido echar por la borda lo solicitado en estos informes, que entre otras cosas, llamaban al régimen a respetar el derecho de asociación, permitir operar a las organizaciones canceladas y devolverle sus bienes.
«El orteguismo está demostrando un menosprecio total por el marco jurídico internacional, y se coloca por fuera del ámbito de los derechos internacionales», señaló Prado.
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