Graves violaciones de derechos humanos como destierro, confiscación, desnacionalización, apresamientos políticos y asesinatos por policías y paramilitares no han sido suficientes para que la comunidad internacional ofrezca una respuesta contundente y aleccionadora contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Para las organizaciones defensoras esto sienta un mal precedente que podría retomarse por otros nacientes dictadores en la región.
“El Estado de Nicaragua comenzó a despreciar los organismos internacionales mucho antes del 2018. Ya en 2017 ellos no asistían a las audiencias ”, dijo Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
Esta organización, junto a otras 15 más de sociedad civil aglutinadas en la Coalición Nicaragua Lucha, participan en las pre sesiones del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo que implementa Naciones Unidas cada cuatro años para evaluar la situación de derechos humanos en diferentes países y hacer recomendaciones para su mejoría.
Estas actividades tienen lugar en Ginebra, Suiza a lo largo de esta semana. Esta fase consiste en que la ONU escuche a las organizaciones de sociedad civil y reciban denuncias y sugerencias. Posteriormente se reciben las respuestas del Estado de Nicaragua y se hace el examen a partir de los resultados obtenidos.
En lugar de parar, arremetió más fuerte
En el caso de Nicaragua, el examen anterior arrojó 259 recomendaciones vinculadas al restablecimiento de las libertades públicas, del derecho a la libertad de reunión y asociación, y de respeto a la pluralidad política y de la libertad de expresión, y aunque el régimen de Ortega aceptó 135 de ellas, Winnye Bernard, directora de proyectos de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDHE) dijo que por el contrario, en los últimos años, las formas de represión han sido «más sistemáticas y transnacionales, con la persecución de personas defensoras incluso, fuera de las fronteras nicaragüenses», por lo que destacan «la urgencia de una acción internacional para proteger a las víctimas y restaurar el estado de derecho en Nicaragua”.
Efraín Ordoñez, integrante de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia indicó que Ortega ha cerrado casi por completo el espacio cívico al desaparecer al menos al 76% de las organizaciones no gubernamentales, y que además, «nadie puede decir nada, nadie puede organizarse porque se vuelve un delito y por tanto, una violación a los derechos humanos».
Piden captura internacional de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo
La libertad de asociación es uno de los derechos más vulnerados desde el último examen EPU, con la desaparición de más de 5,400 organizaciones.
Ordoñez dijo que a pesar de que Ortega no hace caso a estos informes, «este tipo de espacios sirven para tener memoria histórica, para documentar todas las violaciones de derechos humanos, y cuando exista la posibilidad de reparación, de justicia, ahí va a estar esa documentación».
Mientras tanto, Salvador Marenco manifestó que «Nicaragua a pesar de que es un Estado irrespetuoso, que no hace uso de la diplomacia, a pesar de eso, ellos siguen asistiendo a estos mecanismos de Naciones Unidas, por lo cual no hay que perder estos espacios» como sociedad civil y hay que seguir denunciando y explorando mecanismos para frenar la represión y enrumbar al país hacia la democracia.
Nicaragua Investiga
