La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrebató este martes la nacionalidad nicaragüense a los 135 excarcelados políticos desterrados a Guatemala.
La resolución judicial que tiene como fecha el 9 de septiembre, emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por el sandinismo, ordena el despojo de la nacionalidad que según la Constitución Política de Nicaragua es irrenunciable.
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El poder judicial señaló a este grupo de presos políticos como un grupo de personas que supuestamente fueron condenados “por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense”.
Además de quitarles la nacionalidad, la dictadura ordenó decomisar sus bienes, “a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales” que supuestamente ocasionaron a la población y al país.
No es primera vez que arrebata nacionalidad
Este grupo de 135 presos políticos fueron desterrados hacia Guatemala la mañana del jueves 5 de septiembre, luego de una negociación entre el régimen de Managua y Estados Unidos.
La dictadura no se había pronunciado desde entonces y tampoco publicó una lista oficial de los 135 ex reos políticos.
Esta es la tercera ocasión que el régimen le quita la nacionalidad a un buen grupo de nicaragüenses. La primera y segunda vez fue en febrero de 2023.
EEUU confirma que Ortega no liberó a todos los presos políticos
El 9 de febrero, decidió liberar y desterrar a Estados Unidos a 222 presos políticos y les quitó su nacionalidad. Días después, el 15 de febrero, se fue contra 94 nicaragüenses, entre ellos periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y actores de la sociedad civil.
Los afectados por esta medida del régimen han denunciado que la Constitución de Nicaragua, en su artículo 20, que no ha sido reformado, garantiza que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.
Los 135 presos políticos se encuentran en Guatemala por un periodo de 90 días mientras se gestionan vías legales, como el programa Movilidad Segura, que ayuda a personas migrantes y refugiadas elegibles para viajar de manera legal y segura a los Estados Unidos.
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