La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha enviado una carta al Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT), donde solicitan la liberación de los presos políticos de Nicaragua, «porque han sido capturadas no por haber cometido delitos, sino por ejercer derechos fundamentales y porque la realidad de la pandemia del COVID 19, así lo exige».
En la misiva denuncian que en cada una de las fases de la presión de parte del gobierno de Daniel Ortega se “ha elevado significativamente los niveles de violencia en contra de la población, especialmente contra líderes de organizaciones ciudadanas y políticas, periodistas y defensores de derechos humanos.”
También manifiestan que ha habido orientación gubernamental con la presencia de “grupos armados paraestatales que accionaron con la aquiescencia de la policía y el ejército”.
La carta revela que la “Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y, por otra parte, el Poder Legislativo», actúan de forma coludida en perjuicio de la ciudadanía.
La Alianza Cívica manifiesta que las personas han sido encarceladas están siendo procesadas por la criminalización del ejercicio de los derechos humanos y denuncian que han sido “secuestradas por civiles armados que operan con la policía”.
La solicitud de liberación a los presos políticos se dirige especialmente a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU., quien ha presentado varios informes constatando las violaciones cometidas por el gobierno de Nicaragua.
Actualmente la Alianza Cívica cuenta con una lista-informe preliminar, construida por un equipo interdisciplinario y diverso que sistematiza la información que es proporcionada por organizaciones de derechos humanos de personas apresadas por razones políticas, en el informe se registran 70 detenidos donde aparecen recapturas que ha hecho la Policía Nacional.
Foto principal: Nicaragua Investiga
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