En Nicaragua la intensificación de la represión política ha colocado a la ciudadanía —tanto opositores como seguidores del partido sandinista que se atreven a disentir— en una constante incertidumbre, en la que cada paso puede significar un riesgo a su integridad física, su libertad o su estabilidad laboral.
Tal como sucede en la popular serie de televisión El Juego del Calamar, la sociedad nicaragüense se ve obligada a sortear obstáculos y amenazas para sobrevivir.
En la serie surcoreana “El Juego del Calamar”, los jugadores aún conservan la remota esperanza de ganar un premio millonario si sobreviven a los macabros desafíos. En la Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esa esperanza no existe.
La única recompensa que ofrece el régimen a quienes se someten a sus reglas es el precario privilegio de ser vigilados sin ser perseguidos, mientras no se atrevan a criticar o levantar la voz en su contra.
Ante la avalancha de leyes represivas aprobadas en 2024, incluyendo la nueva Constitución Política de Nicaragua que será ratificada en segunda legislatura a finales de enero de 2025, la ciudadanía se ve atrapada en un tablero sin salida, donde cumplir con el régimen equivale a soportar la represión cotidiana, y cuestionarlo supone encarar el exilio forzado.
Las recientes reformas constitucionales y legislativas aprobadas en 2024 consolidan el control absoluto de Ortega y Murillo, dejando a la población ante un dilema letal: adaptarse a un aparato represivo que puede despojarte de tu ciudadanía, espiar tus movimientos financieros y vigilar tus comunicaciones, o lanzarse a la migración forzada en condiciones sumamente precarias.
Para los ciudadanos nicaragüenses, incluyendo a los mismos seguidores sandinistas, el riesgo de “obedecer o ser eliminado” —en forma de persecución, cárcel o exilio— ya no es entretenimiento de pantalla, sino una trágica realidad cotidiana.
Las alarmantes similitudes entre la serie surcoreana “El Juego del Calamar” y la realidad cotidiana de Nicaragua van más allá de la ficción: ambas reflejan contextos de supervivencia extrema donde las opciones se reducen a acatar las reglas de un poder implacable o huir en condiciones precarias, con el riesgo de perderlo todo.
Estrategia de control, premios y castigos
Daniel Ortega, en el poder de manera ininterrumpida desde 2007, ha concentrado cada vez más competencias estatales. Controla instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, lo que ha desvanecido la independencia de poderes y la democracia.
Esta centralización de poder ha facilitado las constantes violaciones a los derechos fundamentales y ha engendrado un clima de temor, donde manifestarse o expresar opiniones críticas puede resultar en persecución penal o exilio forzado.
La censura a medios de comunicación, el encarcelamiento de líderes opositores y la vigilancia estatal a través de órganos policiales y paramilitares ejemplifican la estrategia de control absoluta.
Quien no se alinee o muestre fidelidad corre el peligro de ser considerado “traidor” y enfrentarse a la cárcel o el destierro. Los dos destinos que el régimen ha escogido para sus disidentes.
En “El Juego del Calamar”, el organizador impone las reglas y las cambia a su antojo. En Nicaragua, ocurre lo mismo. Las modificaciones constitucionales abarcan más de cien artículos para asegurar que Ortega y Murillo se mantengan en el poder, incluso incorporando la figura de la “copresidencia” que otorga a Rosario Murillo el mismo nivel de autoridad que el presidente.
Asimismo, la nueva definición de Nicaragua como un “Estado socialista, cristiano y revolucionario” y la conversión de la bandera rojinegra sandinista en símbolo patrio confieren al oficialismo un marco legal para perseguir a todo aquel que no comparta la ideología gobernante.
Diputados sandinistas oficializan la bandera del FSLN como símbolo patrio
Tal y como ocurre en la serie con cada juego brutal, el régimen establece normas que solo ellos comprenden y controlan, mientras el resto de la sociedad se enfrenta a consecuencias desproporcionadas si no las acata.
La migración forzada como “última salida”
En la serie surcoreana, los jugadores se aferran a la esperanza de un premio que solucione sus vidas, pese al peligro. En Nicaragua, ante la imposibilidad de librar una batalla justa contra un poder estatal omnipotente, la migración se convierte en la “última oportunidad” para sobrevivir.
Migrar, sin embargo, implica un salto al vacío, un destino incierto donde el desarraigo, la pobreza y la inseguridad acompañan en cada paso.
Para quienes se quedan, la exigencia de “obedecer o ser eliminado” cobra vida en la represión sistemática contra opositores y hasta contra seguidores del partido oficial que osen cuestionar al poder familiar que domina las instituciones.
Las reformas a la Ley de Migración y Extranjería, que permiten el despojo de la nacionalidad por presuntos actos de “traición a la patria”, dejan a los nicaragüenses sin un lugar al cual pertenecer si se atreven a alzar la voz.
El régimen, al igual que el anfitrión tiránico de la serie, controla quién entra y quién sale, quién se queda o quién es expulsado, premiando a sus aliados y castigando a sus oponentes.
En “El Juego del Calamar” cada paso en falso implica la muerte. En la Nicaragua actual, cada movimiento de los ciudadanos puede ser vigilado y castigado.
Control financiero y espionaje de la privacidad
La aprobación de la “Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero” otorga poderes exorbitantes al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos para solicitar datos económicos sin límite y reforzar el cerco sobre ciudadanos y empresas.
Bajo acusaciones de “lavado de dinero” o “financiamiento a movimientos opositores”, las autoridades pueden congelar cuentas, imponer auditorías arbitrarias o instigar persecución judicial contra quienes discrepen del régimen.
En el escalofriante universo de “El Juego del Calamar”, los jugadores son vigilados constantemente por guardias enmascarados y cámaras omnipresentes.
Asimismo, este 15 de enero de 2025 el régimen juramentó a más de 1,700 paramiliatares enmascarados bajo la figura de «policías voluinntarios»; para vigilar, controlar y reprimir a la población.
Régimen juramenta a más de mil paramilitares como «policías voluntarios» en Estelí
Del mismo modo, la nueva Ley General de Comunicaciones Convergentes sitúa a Telcor como un ente con poder casi ilimitado para espiar y censurar.
Las telecomunicaciones en Nicaragua pasan a ser un espacio controlado por el Estado. Proveedores de internet, telefonía y televisión deben entregar toda la información solicitada, incluidas coordenadas de ubicación de usuarios.
El resultado es un ambiente de sospecha permanente, donde la privacidad se sacrifica y cualquier comunicación puede convertirse en evidencia que justifique la represión.
En la serie de Netflix, los organizadores deciden quién vive y quién muere, y tienen poder sobre todos los aspectos del juego. En Nicaragua, el poder se concentra en una cúpula que ha reformado leyes para alargar los mandatos de los jefes militares y policiales, consolidando así el control de las fuerzas armadas y garantizando la lealtad a la familia Ortega-Murillo.
Las renovaciones a los mandos militares y policiales hasta 2031 facilitan la represión contra cualquier intento de protesta o disidencia, algo que se extiende a la figura de la “policía voluntaria”, que en la realidad se trata de paramilitares de facto.
Esta continuidad en la cúpula garantiza que el juego impuesto por el régimen —al igual que en “El Juego del Calamar”— jamás termine, y que la única voluntad que prevalezca sea la de quienes ostentan el poder.
El mismo miedo que se respira en la isla misteriosa de la serie se siente en cada rincón de Nicaragua: gente con temor a hablar, familias separadas por el exilio, iglesias silenciadas, medios de comunicación clausurados y organizaciones civiles disueltas. La línea entre la vida “normal” y la total indefensión es cada vez más delgada.
El dilema: resistir o huir
La ciudadanía queda atrapada en una partida marcada por la violencia estatal y la ausencia de contrapesos. Igual que los protagonistas de “El Juego del Calamar”, muchos nicaragüenses se debaten entre quedarse, conscientes de que un paso en falso puede ser fatal, o partir hacia el exilio, donde las dificultades de adaptarse a otro país —sin arraigo ni estabilidad— también significan un tipo de “muerte” social y emocional.
La crisis sociopolítica y de derechos humanos que azota Nicaragua desde 2018 se ha recrudecido con las nuevas disposiciones de 2024, diseñadas para consolidar un poder absoluto. Ahora, no solamente se arremete contra la oposición, sino que todos, opositores y seguidores oficialistas que discrepen, están en la cuerda floja.
La represión camina de la mano de la desigualdad, la censura y la persecución, creando un ambiente en el que la supervivencia es la regla básica del juego. No existe premio, sino castigo constante: el exilio, la cárcel, la violencia y, sobre todo, el temor creciente de que no haya escapatoria posible.