La Asamblea Nacional, con mayoría oficialista afín al régimen de Daniel Ortega, aprobó este martes 21 de enero de 2025 el capítulo seis de las reformas constitucionales, relativas a la «Defensa, Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana».
En ellas, se otorga mayor poder al Ejecutivo para el uso del Ejército y la Policía Nacional como herramientas de control social y represión interna, confirmando la profundización de un modelo autoritario y militarizado en Nicaragua.
Los artículos 92, 93, 94, 95, 96 y 97 reformados delinean la estructura y funciones del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.
El texto establece que el Ejército es la única fuerza armada del país, heredero del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional fundado por el General Augusto C. Sandino y del Ejército Popular Sandinista.
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Sin embargo, lo más preocupante es la clara subordinación del alto mando militar a la Presidencia de la República, que funge como “Jefatura Suprema”, bajo la consigna de “institución patriótica, obediente y no deliberante”.
Además, se crean “fuerzas militares de reservas patrióticas” integradas por retirados y civiles que deseen incorporarse, lo cual amplía la base castrense bajo el mando directo de Ortega.
Según la reforma, las nuevas fuerzas pueden activarse sin necesidad de consultas previas, incrementando la capacidad del régimen de desplegar elementos militares para intervenir en conflictos internos y sofocar la oposición.
Autorización para reprimir
El artículo 94 consolida el poder de Daniel Ortega al facultarlo para ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional “cuando la estabilidad de la República lo requiera”.
En el contexto nicaragüense, marcado por la persecución y criminalización de la disidencia, esta disposición otorga luz verde para reprimir protestas pacíficas o cualquier forma de manifestación ciudadana que el régimen considere “desestabilizadora”.
En línea con esta visión, el artículo 95 consagra tribunales militares que conocerán de los delitos y faltas cometidos por los miembros del Ejército, mientras que cualquier delito común será visto por la vía ordinaria.
Sin embargo, la falta de independencia judicial en el país debilita la confianza en una justicia imparcial, especialmente en casos de violaciones a los derechos humanos o uso excesivo de la fuerza por parte de militares.
Dentro de las reformas, el artículo 97 crea la figura de la “Policía Voluntaria”, compuesta por ciudadanos que apoyarán de forma auxiliar a la Policía Nacional. Este mecanismo es considerado por analistas como la “institucionalización” de los grupos paramilitares y de choque que operaron durante la represión de las protestas sociales de 2018.
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Desde entonces, se ha denunciado la existencia de grupos afines al gobierno que ejecutan acciones represivas bajo la protección o complicidad de fuerzas oficiales.
La creación de la Policía Voluntaria, subordinada también a la Presidencia, formaliza la posibilidad de incorporar civiles leales al régimen para labores de seguridad. Esto amplía la capacidad de control social y persecución política, disminuyendo las garantías procesales de la ciudadanía.
Desde el pasado 15 de enero de 2025 el régimen inició la juramentación de paramilitares encapuchados en diferentes departamentos de Nicaragua, los cuales en menos de dos semanas suman casi cinco mil «policías voluntarios» dedicados a la vigilancia, control y represión en contra de los ciudadanos, ya sean opositores o seguidores sandinistas que se atrevan a contradecir al régimen.
La verdadera cara de las reformas
Aunque el discurso oficial promueva estas reformas como un avance para “garantizar la paz y tranquilidad de las familias”, la realidad es que fortalecen un aparato legal que refuerza la militarización de la vida pública.
Con más de 100 artículos reformados en la Constitución —superando con creces la supuesta “reforma parcial”—, Ortega y Murillo consolidan un sistema político que concentra poder en la figura presidencial y anula contrapesos institucionales.
La prohibición de bases militares extranjeras y la supuesta salvaguarda de la soberanía contrastan con la clara vía libre para el despliegue militar interno. El régimen, de esta manera, abre la puerta a una represión más amplia y brutal, con sustentos legales que justifican la persecución contra críticos y opositores.
Las nuevas reformas evidencian la transformación acelerada de Nicaragua en un Estado policial-militar, donde la “estabilidad de la República” se convierte en el argumento para criminalizar la protesta y aplastar la disidencia, al estilo de regímenes autoritarios como Cuba y Venezuela.
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