Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado este miércoles 26 de febrero de 2025, confirmó por primera vez que el Ejército de Nicaragua participó activamente en la represión de las manifestaciones de 2018, coordinados con la Policía Nacional y grupos paramilitares para cometer ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de derechos humanos.
El Grupo de Expertos de la ONU determinó que el Ejército participó activamente en la represión de las manifestaciones, proporcionó armamento a la Policía y a paramilitares, “llevó a cabo operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes marginados y funcionarios públicos”. El Ejército, siguiendo las órdenes del dictador Daniel Ortega, empleó fuerza letal y colaboró con otros grupos para reprimir y levantar barricadas durante las protestas entre 2018 y 2020.
El dictador ordenó la creación de grupos armados a dos figuras históricas de la revolución (ahora fallecidas) entre mayo y junio de 2018. Su esposa, Rosario Murillo, ordenó al secretario de la organización nacional y a los secretarios políticos del FSLN a nivel departamental y municipal que organizaran estos grupos para defender “la revolución”.
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“Estos grupos estaban integrados por ex miembros del Ejército Popular Sandinista, miembros de la Reserva Patriótica y de la Juventud Sandinista, jóvenes marginados, pandilleros y empleados de empresas de seguridad, entre otros, y participaron en graves violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y actos de tortura, en coordinación con fuerzas policiales y militares”, dice el informe.
El Grupo determinó que al menos 40 muertes documentadas fueron ejecuciones extrajudiciales, y aunque estableció la responsabilidad directa de la Policía y grupos armados, indicó que se justifica continuar la investigación sobre la participación del Ejército en la represión.
En 2018, el Ejército declaró públicamente que su papel durante la crisis se limitó a proteger bienes estratégicos y negó su participación en la represión. Pero el Grupo de la ONU “ha obtenido información creíble de que el Ejército participó en la represión utilizando armas letales, en coordinación con la Policía y grupos armados progubernamentales”.
Hubo una reunión de altos mandos militares
El 20 de abril de 2018, hubo una reunión en la que participaron oficiales en activo del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, y Personal y Cuadros, en la que se dijo que el país enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales.
El Jefe de Estado Mayor del Ejército leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones.
Ortega y Murillo ordenaron a la Policía, Ejército y a los grupos armados paramilitares que reprimieran violentamente las manifestaciones como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder a toda costa.
El informe concluye que el uso sistemático y deliberado de armas de uso militar exclusivo, francotiradores y tácticas de combate diseñadas para matar en lugar de controlar multitudes, resultó en un gran número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo.
“Esto sugiere que el objetivo de las acciones coordinadas entre la Policía, el Ejército y los grupos armados progubernamentales no era dispersar a los manifestantes sino matarlos e infundir miedo en la población”, sostiene el informe.
Ejército proporcionó servicios de inteligencia
El informe detalla que las Unidades de Victoria, compuestas por miembros del FSLN y ubicadas en todas las instituciones públicas, forman una red de inteligencia y control que vigila e intimida a opositores y funcionarios públicos por igual. Esta red de control se extiende por todos los niveles de la sociedad.
Durante el período que abarca el informe, el Grupo de Expertos logró identificar la existencia de una amplia estructura de vigilancia e inteligencia que respondía a órdenes de los dictadores.
La estructura está compuesta principalmente por miembros del Ejército, Policía, Ministerio del Interior, Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Ministerio de Salud (Minsa) y paramilitares.
Además, se documentan “despidos arbitrarios del empleo” contra familiares de opositores, lo que podría incluir a empleados públicos, como una forma de castigo. El informe también señala que, durante las protestas de 2018, el Ejército entrenó a personal civil, incluidos funcionarios públicos, para apoyar la represión.
Responsable de crímenes de lesa humanidad
Este informe, que recoge entre otras cosas, identifica específicamente a personas, incluyendo al Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo junto a altos funcionarios, como responsables directos de crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, torturas y persecución política, proponiendo una investigación judicial.
La información del informe A/HRC/58/26 fue recopilada mediante la reunión, análisis y corroboración de pruebas, como testimonios de víctimas, testigos, datos corroborados bajo el estándar de “motivos razonables para creer”, sin evidencia de penetración directa en las estructuras estatales.
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El detalle sobre reuniones internas, como la del 20 de abril de 2018, proviene de fuentes creíbles externas.
Una investigación realizada por Nicaragua Investiga y Café con Voz reveló que el Ejército de Nicaragua se ha desviado de su propósito principal de defensa nacional debido a su participación en un extenso conglomerado de empresas privadas corruptas. Este entramado demuestra que la lealtad al dictador Ortega se recompensa con licitaciones públicas, enriqueciendo así al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Nicaragua Investiga
