La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, instituciones armadas del Estado, han establecido una cadena de mando con el objetivo de reprimir, vigilar, acosar y hostigar a aquellos que se identifican como opositores al régimen Ortega-Murillo. 

Esta estructura jerárquica, hasta ahora desconocida en su totalidad, ha sido revelada recientemente por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), exponiendo las áreas estratégicas que ambas instituciones utilizan para llevar a cabo sus ataques contra la oposición.

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Las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron el resultado de acciones coordinadas entre la Policía, el Ejército y paramilitares. 

El Grupo de Expertos concluyó que el uso de armas letales, incluyendo aquellas reservadas para uso militar, la presencia de francotiradores, el número de víctimas con heridas mortales y las tácticas de combate letales empleadas, indican que el objetivo no era dispersar a los manifestantes sino infundir miedo y matar.

Línea de mando del Ejército

El 20 de abril de 2018 se celebró una reunión en la que participaron oficiales activos del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar, y de la Dirección de Personal y Cuadros, en la que se dijo que el país se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales. 

El Jefe de Estado Mayor del Ejército leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones.

¿Quiénes son los que conforman estos departamentos en el Ejército? El Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz es el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua. Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez es Inspector General. El General de Brigada Leonel José Gutiérrez López es el Jefe de la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar. El General de Brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz es el jefe de la Dirección de Personal y Cuadros.

“La Dirección de Información para la Defensa del Ejército asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar”, señala el informe de la ONU.

Los comandos y destacamentos militares regionales junto con el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales, “desplegaron personal militar, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno”.

La cadena de mando de la Policía

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron a la Policía, al Ejército y a los grupos paramilitares para que reprimieran violentamente las manifestaciones como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder a toda costa.

“Así, el Comandante en Jefe del Ejército Nacional (Julio César Avilés Castillo) ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que su intervención podría provocar la pérdida de vidas humanas”, recoge el informe y a la vez revela que un subdirector de la Policía permitió que agentes de policía utilizaran fuerza letal contra los manifestantes. 

El jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, el Comisionado General Justo Pastor Urbina, dirigió la participación de sus miembros en la represión de las protestas y el desmantelamiento de barricadas, en coordinación con los jefes de las comisarías departamentales. 

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El Comando de Operaciones Especiales del Ejército y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía utilizaron armas especializadas y francotiradores durante sus intervenciones en las manifestaciones de 2018, según la ONU.

El Grupo determinó que el Ejército sí participó activamente en la represión de las manifestaciones, proporcionó armamento a la Policía y a paramilitares, llevó a cabo operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes marginados y funcionarios públicos.

“El Grupo tiene ahora motivos razonables para creer que, junto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, el Ejército cometió ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas de 2018”, sentenciaron en el informe.