Nueve países americanos denunciaron este viernes el «alarmante aislamiento» de Nicaragua tras la decisión del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Murillo anunció la decisión el jueves, un día después de que un Grupo de Expertos de la ONU publicó un informe que sostiene que el gobierno de Nicaragua dio un «golpe final» al Estado de derecho con una reforma constitucional que le otorgó un «dominio absoluto».
«Lamentamos la decisión de Nicaragua […] de retirarse del Consejo de Derechos Humanos […]. Este acto constituye una señal alarmante de aislamiento», dijeron los nueve países del Grupo Principal de Nicaragua en una declaración conjunta presentada durante una sesión del Consejo de la ONU en Ginebra.
El Grupo Principal, que aborda en conjunto los abusos de derechos humanos en Nicaragua, está conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú.
La declaración señala que la reforma, que entró en vigor el 18 de febrero, terminó «de socavar los principios fundamentales de la democracia» y pidió a Managua que reconsidere la decisión de dejar el Consejo y coopere «con los mecanismos internacionales de derechos humanos».
Ortega y Murillo aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y cuya represión, en la que según el Grupo de Expertos de la ONU participó el ejército, la policía y paramilitares, dejó más de 300 muertos.
Al anunciar la decisión, Murillo afirmó que «el autodenominado Grupo de Expertos, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y tranquilidad», en referencia a los manifestantes opositores.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
El cambio casi total a la Constitución elevó el rango de Murillo de vicepresidenta a «copresidenta», dio al gobierno el control de todos los poderes del Estado, aumentó su mandato de cinco a seis años y creó un ejército de decenas de miles de policías «voluntarios» encapuchados.
AFP
