El régimen de Daniel Ortega, señalado por el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional (TI) como uno de los más corruptos de América Latina, ha lanzado una nueva iniciativa que, a primera vista, busca combatir la corrupción.
La Procuradora General de la República, Wendy Morales, salió en defensa del nuevo órgano promovido por Rosario Murillo y anunció en el sandinista canal 8 de televisión la transformación de la Procuraduría en una “Procuraduría General de Justicia”, con la promesa de actuar con «todo rigor» contra la malversación de fondos. Sin embargo la medida es percibida como una maniobra del régimen para ajustar cuentas con antiguos aliados.
El anuncio de Morales vino acompañado de declaraciones grandilocuentes que contrastan con la opacidad que ha caracterizado al gobierno sandinista.
La funcionaria declaró que «la verificación de la transparencia, la rendición de cuentas y la acción decidida contra quienes atenten contra el bienestar del pueblo son los pilares que tendrá La Procuraduría General de Justicia». Con la aprobación de una reforma constitucional, Morales explicó que la nueva entidad tendrá como finalidad “ir contra todos los delitos relacionados con corrupción”.
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A pesar de la retórica, expertos en política nicaragüense ven en este movimiento una señal clara de que el régimen busca consolidar su poder y eliminar a rivales internos.
Esta «nueva cruzada» será utilizada como una herramienta para perseguir a figuras sandinistas que han caído en desgracia, como el caso de Bayardo Arce, exasesor económico de Ortega y una de las figuras históricas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La percepción es que la lucha anticorrupción no se aplicará de manera imparcial, sino que se enfocará en aquellos que el régimen considera un obstáculo o una amenaza.
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La reforma, lejos de ser un paso hacia la transparencia, es vista como un simple cambio de nombre que dota al aparato de justicia de mayores facultades de persecución, sin alterar la estructura de poder que ha permitido la corrupción.
La historia reciente de Nicaragua demuestra que las instituciones estatales han sido cooptadas para servir a los intereses del régimen, y esta nueva «Procuraduría General de Justicia» no parece ser la excepción. La ciudadanía, acostumbrada a las purgas internas y a los discursos vacíos, observa con escepticismo cómo el régimen que ha promovido la corrupción ahora se autoproclama su principal enemigo.
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