La dictadura Ortega-Murillo no deja de estar en la mira de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos por las constantes violaciones de las garantías fundamentales de miles de nicaragüenses. Durante el más reciente periodo de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU, en ausencia de representantes del régimen, se dio a conocer el nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, que analizó el periodo del 15 de junio de 2024 hasta la misma fecha de este 2025.
Los hallazgos más relevantes fue la reforma constitucional que creó la copresidencia entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero más allá de eso se encuentra todo el poder que tiene ahora la Presidencia al terminar de sellar el fin de la independencia de poderes del país centroamericano, una erosión que se consolidó después de las protestas masivas del año 2018.
Maarit Kohonen Sheriff, directora de la División de Operaciones Globales de la ONU Derechos Humanos, habló del caso de la activista de derechos humanos nicaragüense, Winnye Bernard durante el diálogo interactivo del 60 periodo de sesiones del Consejo que se celebró en septiembre en Ginebra, Suiza. A la defensora le impidieron volver a entrar a Nicaragua en el año 2018 y en 2022, cuando su pasaporte se venció, intentó por medio de un tercero preguntar sobre su registro civil y se enteró que la habían eliminado de los documentos de nacionalidad.
Expulsiones y apatridia
De junio de 2024 a junio de 2025, ONU Derechos Humanos contabiliza 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin recurso legal, separando familias y generando apatridia, dijo la ONU en su sitio web.
La Oficina también documentó 156 expulsiones de Nicaragua (79 hombres y 77 mujeres, incluidas 8 personas indígenas). A la mayoría de las personas expulsadas se les prohibió posteriormente regresar a Nicaragua bajo amenaza de detención y reclusión arbitrarias. Ninguna recibió una decisión por escrito ni acceso a mecanismos de apelación, reza el texto.
Iglesia católica alerta en la ONU sobre persecución religiosa en Nicaragua
Detenciones arbitrarias y desapariciones
Precisamente la reforma constitucional de inicios de este año contempla el retiro de la nacionalidad a quienes consideren «traidores de la patria», en juicios sumarios en los que ahora no habrá garantías al debido proceso como el de permitir un abogado defensor privado, informar los motivos de la detención de las personas o permitirles tener un juicio justo, según recoge el informe sobre Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado.
«Según la sociedad civil, el número total de personas detenidas arbitrariamente en relación con la crisis de derechos humanos de 2018 alcanzó un máximo de 151 (126 hombres y 25 mujeres) antes de la expulsión a Guatemala de 135 personas privadas de libertad el 5 de septiembre de 2024. Al 15 de junio de 2025, según información recopilada por el ACNUDH, al menos 56 personas (49 hombres y 7 mujeres, de las cuales 15 son personas de edad) seguían recluidas arbitrariamente, entre ellas periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas indígenas con liderazgo», recoge el informe que elaboró la Oficina por medio de entrevistas directas o con organizaciones al tener prohibido el ingreso a Nicaragua.
Contra la sociedad civil y la religión
La dictadura se ha cebado contra la sociedad civil. En 2024 revocaron la personalidad jurídica a 1.894 organizaciones y confiscaron sus bienes. Desde la crisis del año 2018 la cifra se eleva a 5.535; es decir, casi un 80 % de las organizaciones que estaban registradas en el país.
Mientras que la persecución religiosa no se ha detenido. Las procesiones religiosas por la Semana Santa y otras festividades de la iglesia Católica continuaron prohibidas; Ortega y Murillo cancelaron la iglesia evangélica Morava19, que desempeñaba un importante trabajo con comunidades afrodescendientes y poblaciones indígenas nicaragüenses.
El informe cita a 1.311 organizaciones religiosas que perdieron su personalidad jurídica desde 2018. Además, mencionan la expulsión de siete sacerdotes católicos, la detención y desaparición forzada de las laicas Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda y Carmen María Sáenz Martínez, a quienes detuvieron de forma arbitraria el 10 de agosto de 2024 y a la fecha aún se desconoce su paradero.
Violencia sexual
«Desde el 15 de junio de 2024, permanecen presuntamente desaparecidas 14 personas (10 hombres y 4 mujeres), entre ellas periodistas, personal laico de la iglesia, personas indígenas con liderazgo y exmilitares. Una persona con discapacidad fue detenida por las autoridades estatales y supuestamente sometida a desaparición forzada. La familia no pudo entregarle medicamentos y fue amenazada por las autoridades si seguía indagando», añade el texto de la Oficina del Alto Comisionado sobre las desapariciones forzadas.
Cita los casos de violencia sexual contra 16 personas después de detenciones por parte de la Policía Nacional.
«Un recluso, detenido arbitrariamente en enero de 2025, describió haber sido desnudado, obligado a hacer sentadillas y humillado verbalmente. También fue obligado a practicarle sexo oral a un guardia y posteriormente sometido a penetración anal, mientras dos guardias lo sujetaban y agredían, bajo la amenaza de matar a su madre si él se resistía», mencionan en uno de los casos más duros del documento de la ONU.
Entre sus recomendaciones, la Oficina del Alto Comisionado pide la liberación de todas las personas detenidas injustamente, enmendar la constitución para que se prohíba de forma taxativa la tortura, acabar con las desapariciones forzadas y que las personas puedan recuperar su nacionalidad, por la forma arbitraria en las que la dictadura se las eliminó.
«El Alto Comisionado reitera su llamado a Nicaragua para que restablezca la cooperación con su Oficina, entre otras cosas permitiendo el acceso al país, para brindarle asistencia técnica, especialmente en vista del próximo ciclo electoral y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas. El ACNUDH mantiene su disposición a un diálogo constructivo y con visión de futuro con las autoridades nicaragüenses», agregaron.
Periodista Nicaragua Investiga
