La codictadora Rosario Murillo anunció que el próximo 17 de octubre realizarán seis ascensos de funcionarios del sandinismo. Entre ellos destaca Julio Guillermo Orozco, el director del sistema penitenciario del régimen, conocido como el «torturador de La Modelo», una de las principales cárceles del país donde mantienen a opositores detenidos de forma arbitraria.
Los ascensos, como parte de la celebración de la llegada del sandinismo al poder a finales de la década de 1970, incluirán a Juan Emilio Rivas Benítez, director general de Migración y Extranjería; Ramon Mercedes Landero Pichardo, director general de Bomberos; Maribel de la Cruz Medina Flores, quien pasará a ser comisionada general e inspectora general de Migración y Extranjería; Katia Melania Barbenera, subdirectora general operativa de Migración y Extranjeria y comisionada general; y Lina Margarita Flores, auditora del sistema penitenciario nicaragúense.
El pasado mes de abril, el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua publicó una lista con nombres y apellidos de 54 responsables de graves violaciones a los derechos humanos, entre los que se encuentra Orozco, además de los altos mandos policiales y militares, así como los cabezas de la dictadura, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores”, dijo Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos de la ONU, quien añadió que “este informe pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo”.
Las graves acusaciones contra Orozco
En 2023, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + lo incluyó en un listado como responsable de amenazar a los presos políticos de asesinarlos «si se portaban mal». Lleva 11 años al frente de la administración del sistema penitenciario del país. Su ascenso es un reconocimiento a la represión que lidera desde las cárceles.
Se le señala de presuntos crímenes de lesa humanidad por su participación en la logística que llevó a la expulsión del país a centenares de presos políticos en los últimos dos años.
Además, en 2019 Estados Unidos pidió que se investigara a Orozco por la muerte en prisión de un ciudadano nicaragüense-estadounidense, Eddy Montes Praslín, que falleció tras ser baleado por un custodio. El régimen justificó el asesinato en que el hombre habría atacado al funcionario sandinista.
Aunque su familia denunció al carcelero ante la Fiscalía, siguen sin respuesta o reparación por el fallecimiento de Montes Preslín, quien tenía 57 años al momento de su deceso. Era un veterano de las fuerzas armadas estadounidenses.
La abogada de sus allegados, Leyla Prado, dijo que la denuncia que presentaron fue por «el delito de asesinato, porque todos conocemos las circunstancias de la muerte de don Eddy, fue un asesinato agravado, porque era una persona desarmada, estaba recluido en la cárcel».
Senadores estadounidenses como el republicano Ted Cruz pidieron en 2019 incluirlo en una lista de sanciones por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Periodista Nicaragua Investiga
