Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrentan momentos decisivos. Están a punto de ser expulsados del DR-CAFTA, el tratado comercial con Estados Unidos del cual depende mayoritariamente la bonanza económica de la que tanto presumen.
El Departamento del Tesoro concluyó una investigación de dos años y determinó que las graves violaciones a los derechos humanos y laborales impulsadas por la dictadura sandinista son contrarias a los principios que Estados Unidos pide a sus socios comerciales y recomendó sanciones como la expulsión del acuerdo comercial y la imposición del 100% de aranceles a los productos nicaragüenses vendidos a su mercado.
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Desde ayer mismo que se conoció la noticia, la dictadura empezó a mover lobistas y cabildeadores que vayan a Washington a participar de la última ronda de escucha de comentarios para tratar de convencer a la administración Trump de retractarse de estas medidas. Es posible que entre los cabildeadores puedan considerarse reconocidos empresarios con gran influencia en los círculos políticos norteamericanos, a como sucedió con la Nica Act en 2018 cuando Carlos Pellas estuvo a cargo de una comtiva que ayudó a Ortega a detener la aprobación de esta ley en su momento.
La dictadura Ortega-Murillo ha provocado las sanciones contra Nicaragua
Hemos leído la comunicación del Representante Comercial de los Estados Unidos, en la que se propone un conjunto de sanciones contra Nicaragua por las graves violaciones a los derechos humanos y laborales del…
— Unamos (@unamosnica) October 21, 2025
Unamos ve una opción para Ortega
La agrupación política Unamos, mejor conocida por su antiguo nombre de Movimiento de Renovación Sandinista, se pronunció hoy sobre estos potenciales castigos estadounidenses contra la dictadura.
Unamos considera que la Ortega y Murillo con su represión provocan estas sanciones, pero afirma que «puede evitarlas mediante el restablecimiento pleno de las garantías de los derechos humanos».
«Esto implica la liberación inmediata de todas las personas presas políticas, el retorno libre y seguro de exiliados y migrantes, el respeto a los derechos de propiedad privada, societaria y comunitaria, la devolución de bienes confiscados, así como la restitución de nacionalidades y de derechos ciudadanos. También exige el cese del estado policial, de la persecución política y del asedio contra los nicaragüenses», exigen los antiguos militantes sandinistas.
Estas recomendaciones mencionadas por Unamos son las mismas que en reiteradas ocasiones ha hecho la comunidad internacional, así como organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y la OEA y las cuales el dictador ha ignorado totalmente.
La agrupación política considera que «la dictadura Ortega-Murillo aún puede evitar las sanciones si abre el camino hacia una verdadera transición democrática que incluya reformas profundas del sistema electoral para garantizar elecciones libres, transparentes, justas y competitivas, con observación nacional e internacional».
En 2021 Ortega prometió un proceso electoral con garantías y finalmente desarrollóo uno de los procesos electorales más anómalos en la historia del país, apresando a casi todos los aspirantes presidenciales, así como a personas visibles de distintos sectores sociales como estudiantes, campesinos, empresarios y periodistas.
En su discurso Ortega acusa de vende patrias y golpistas a quienes no comparten su ideología política y ha negado rotundamente haber ejecutado crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, asegurando que él es quien ha sido víctima de un «fallido intentento de golpe de Estado».
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