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Corte IDH declara responsable al Estado de Nicaragua en un caso de desaparición forzada de 1983

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Nicaragua por la desaparición forzada de coronel Jose Ramón Silva Reyes

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró responsable a Nicaragua por la desaparición forzada del coronel retirado José Ramón Silva Reyes, quien fue miembro de la Guardia Nacional durante la dictadura de Anastasio Somoza, pero que fue sacado bajo engaño de la embajada de Guatemala en el país en 1983 y desde entonces no se conoce su paradero.

De acuerdo con la Corte, «Silva Reyes fue víctima de desaparición forzada, al acreditarse que fue privado de su libertad el 30 de octubre de
1983 por agentes de la Dirección General de Seguridad del Estado, después haber sido inducido a salir de la Embajada de Guatemala en Managua —donde se encontraba asilado desde 1979— mediante engaños, como parte de una operación atribuida a la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE)».

El máximo tribunal de la justicia interamericana determinó que «el Estado de Nicaragua no ha proporcionado información alguna sobre el paradero del señor Silva Reyes, limitándose a sostener que habría escapado de la embajada, sin registro oficial de detención o liberación».

En los antecedentes del caso señalaron que se presume, por diversos testimonios, que a Silva Reyes lo llevaron a una instalación de seguridad del Estado donde lo torturaron y posteriormente lo ejecutaron.

En ese entonces el país ya vivía bajo el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encabezado por el hoy dictador Daniel Ortega, que derrocó a la dictadura de Somoza para imponer un nuevo control estatal en el que hubo violaciones a los derechos humanos.

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Nicaragua no investigó el caso

La Corte-IDH recordó que desde 1990 los familiares del coronel desaparecido intentaron acciones legales, tanto en la justicia nacional, como en instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como con organizaciones no gubernamentales, pero la Corte determinó que no hubo en ninguno de esos casos una «investigación efectiva» por parte del Estado de Nicaragua.

Señalaron las amenazas de las que fue objeto el hijo del coronel, Denis Silva, quien se vio forzado a exiliarse en el año 2017 por las amenazas en su contra por insistir en conocer el paradero de su padre.

Además,  «consideró que la detención se produjo sin orden judicial y en condiciones de clandestinidad, lo que constituyó una privación arbitraria de libertad. Igualmente, al ocurrir en un contexto de represión y persecución de exmiembros de la Guardia Nacional, la víctima quedó expuesta a un riesgo real de sufrir violencia y ejecución, lo que implicó la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal. Además, su desaparición lo colocó en una situación de indeterminación jurídica, vulnerando el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica», dice la sentencia.

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Daño en sus familiares

Responsabilizaron a Nicaragua de no hacer una investigación y dar con el paradero de la víctima, pese a tener conocimientos sobre su caso desde al menos 1990.

«La inacción estatal y la falta de medidas efectivas constituyeron una violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, además de afectar el derecho a la verdad de los familiares», dijeron en su fallo contra el Estado nicaragüense.

En su conclusión sostuvieron que «la desaparición del señor Silva Reyes generó afectaciones profundas y prolongadas en sus familiares (especialmente en sus siete hijos), quienes sufrieron angustia, estigmatización e incertidumbre durante más de cuatro décadas. Ello también ocasionó una afectación impacto en su proyecto de vida. En consecuencia, el Tribunal declaró la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de sus hijos, la violación del derecho a la protección de la familia; y, en el caso de su hija Alba Silva, quien tenía 15 años al momento de los hechos, la violación del derecho de la niñez».

La Corte-IDH exigió al Estado iniciar de «forma inmediata» una investigación que determina responsabilidades penales individuales por la desaparición forzada de Silva Reyes, dar con el paradero de su cuerpo e indemnizar a la familia sobreviviente.

 

Autor
Periodista Nicaragua Investiga

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