La ministra del Interior del régimen sandinista, María Amelia Coronel Kinloch, dijo que la dictadura tiene varios supuestos para negar el ingreso a personas a Nicaragua, durante una entrevista con el canal oficialista TN8.
«Nicaragua se reserva el derecho de admisión en diversos casos relacionados sobre todo con la seguridad nacional, el orden público y la prevención del delito. Esto incluye a aquellos viajeros que presentan antecedentes penales y vos no los podés dejar ingresar al país», aseguró la funcionaria durante la conversación.
El periodista le insistió sobre la «paz» en el país, a lo que ella replicó que en efecto, aunque sea controversial, deben garantizar y «proteger la soberanía nacional y nuestra seguridad ciudadana que es lo más importante para el Ministerio de Interior».
Aseguró que tienen la facultad legal para negar ingresos a personas relacionadas con la trata de personas, el tráfico de migrantes, la explotación sexual y «cualquier aspecto de criminalidad que atente contra los derechos humanos de los nicaragüenses y de ciudadanos de otras nacionalidades que viven aquí».
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Esto a pesar de que Nicaragua es señalada en informes de organizaciones internacionales como un país que ha cometido crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la valoración del Grupo de Derechos Humanos sobre el país (GHREN).
«Vamos contra el crimen organizado y contra cualquier acción de cualquier persona que atente contra nuestra paz y seguridad que tanto nos ha costado. Y esto no es fácil hacerlo, y será controversial o no, o lo que quieran decir, pero lo estamos haciendo bien y trabajando de la manera como nos corresponde para seguir como estamos: tranquilos y en paz», señaló Coronel Kinloch.
Entre las violaciones documentadas por el GHREN contra ciudadanos nicaragüenses desde 2018 está el despojo de su nacionalidad, la prohibición de ingresar al país, la negativa a expedir o renovar pasaportes, la supresión de documentos del registro civil, la revocación de títulos académicos y profesionales, la confiscación de bienes y pensiones, así como la vigilancia, las amenazas y el hostigamiento, según el más reciente informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado mes de septiembre.
Los expertos añadieron que «las personas exiliadas también se ven expuestas a actos de violencia física en el extranjero y a la instrumentalización de mecanismos internacionales, entre ellos el uso indebido de las notificaciones rojas de INTERPOL, la difusión de alertas falsas sobre documentos de viaje y la manipulación de las normativas de cumplimiento financiero para bloquear el acceso al sistema bancario. Estas acciones se complementan con medidas dirigidas contra sus familiares en Nicaragua, quienes son objeto de hostigamiento, detenciones arbitrarias, despidos, confiscación de bienes y restricciones a su libertad de circulación únicamente debido a su parentesco».
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Niños quedan sin derecho a la identidad
Al igual señalaron que eliminar la personalidad jurídica de las personas, confiscar sus bienes y privarlos de su nacionalidad contraviene acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua.
«El uso deliberado de la privación de la nacionalidad y la eliminación o denegación de documentos oficiales ha impuesto lo que las propias víctimas describen como una ‘muerte civil’. Como resultado, se desgarran familias, se priva a las niñas los niños de su derecho a la identidad y a la educación, se despoja a las personas adultas mayores de sus pensiones, y los familiares en Nicaragua enfrentan represalias, intimidación y aislamiento», agregaron.
Pese a esto, Coronel Kinloch aseguró que el Ministerio del Interior deniega el ingreso al país y toma otras medidas porque «tenemos la facultad legal de hacerlo», lo que justificó más adelante en que lo aplican «para proteger la soberanía nacional y nuestra seguridad ciudadana que es lo más importante para el Ministerio de Interior».
En la entrevista también dijo que para la temporada decembrina habilitarán 32 taquillas en el puerto fronterizo de Peñas Blancas, 33 en el aeropuerto de Managua, otras 24 en Guasaule y 16 en San Pancho, esto para agilizar los ingresos y salidas al país.
Qué pasa con las visas de salida
Defendió las medidas con las visas de salida para menores de edad al asegurar que los mayores controles sobre estos casos se hacen para «proteger la integridad del menor». Esto, según la funcionaria, por las disputas entre madres y padres o divorcios, lo que perjudica en última instancia al niño, niña o adolescente.
«El problema radica en que cuando dábamos la visa de salida múltiples, que podían ser por un año, lamentablemente hemos tenido muchos casos de que mamá y papá se pelean, se divorcian y eso nos acarrea hasta problemas internacionales cuando uno de los dos quiere que lo saquen, pero el papá o la mamá no quiere tienen plasmados su visa de salida no tiene problemas nosotros», afirmó.
La ministra habló de las oficinas de atención migratoria en los departamentos conocidas como Sertrami, un total de 32 en todo el país, lo que -sostuvo- ha permitido descongestionar la sede central en Managua y darle un acceso más expeditos a los nicaragüenses a sus documentos legales, aunque sin mencionar la anulación de pasaporte a la disidencia política, periodistas, miembros de la jerarquía de la Iglesia católica y evangélica, defensores de derechos humanos, entre otros.
«El tema de migración es muy sensible en todo el mundo, pero lo usan mucho para manipular y lo sacan de contexto. Jamás vamos a limitarle la salida de un menor, lo que estamos haciendo es sobre todo una protección y vigilar que todos los menores estén bien, sobre todo por su bienestar. Cada persona puede ir las veces que quiera a Migración a sacar la visa de salida sin ningún problema», se defendió Coronel Kinloch.
Periodista Nicaragua Investiga
