El régimen sandinista anunció que prepara una celebración para recordar los 100 años del nacimiento del cardenal Miguel Obando y Bravo, fallecido en 2018, que fue una figura histórica de la Iglesia católica al oponerse a la dictadura de Anastasio Somoza y promover la reconciliación en Nicaragua, pero que fue un aliado de Daniel Ortega hasta sus últimos días.
No deja de llamar la atención que la codictadora Rosario Murillo hable de Obando y Bravo hable del fallecido líder religioso. En especial por sus ataques y agresiones contra los jerarcas católicos en el país, obligados desde la crisis de 2018 a huir de su país, otros como Rolando Álvarez han sido encarcelados y luego expulsados, bajo acusaciones de «traición a la patria», mientras que han despojado a cientos de organizaciones religiosas de sus propiedades, que confiscaron, pero además continúan los ataques verbales contra los obispos en el exilio.
«Ayer recibimos un bonito, hermoso plan para celebrar los 100 años del cardenal de la reconciliación y la paz», dijo Murillo en su mensaje diario este miércoles 26 de noviembre.
Persecución religiosa
La semana anterior, la Comisión sobre la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF por sus siglas en inglés) recomendó a la Casa Blanca y al Congreso estadounidense imponer sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución religiosa en Nicaragua.
«La presión del Congreso y la intervención del Departamento de Estado de EE. UU. fueron clave para la posterior liberación de los pastores (11 pastores evangélicos a los que detuvieron y sentenciaron a altas penas de cárcel). En agosto, las autoridades arrestaron a varios miembros del clero católico sin explicación y los exiliaron al Vaticano. En noviembre, el gobierno arrestó arbitrariamente y exilió al obispo Carlos Herrera a Guatemala, y ordenó a todas las monjas que permanecían en Nicaragua que abandonaran el país antes de diciembre», citaron sobre la situación de la libertad religiosa en el año 2024.
Además, citaron las prohibiciones contra las procesiones religiosas, típicas en Semana Santa en el país, algo que se repitió el domingo 23 de noviembre cuando se impidió este tipo de celebraciones por la solemnidad de Cristo Rey del Universo, una fiesta católica que marca el fin de cada año litúrgico.
En su informe de 2025, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) recordó la persecución contra la sociedad civil nicaragüense por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«El Grupo ha documentado la cancelación generalizada de la personalidad jurídica de las organizaciones sin fines de lucro por parte de la Asamblea Nacional y el Ministerio del Interior y la confiscación arbitraria de sus bienes. Estas acciones han contribuido significativamente al desmantelamiento del espacio cívico y garantizado el monopolio del Estado sobre las actividades comunitarias, de desarrollo y de bienestar social. Entre las organizaciones afectadas se encuentran las dedicadas a los derechos humanos, las de mujeres, indígenas y religiosas, y las cámaras empresariales», destacaron.
Los expertos llevan cuenta que desde 2018 y hasta marzo de 2024, la dictadura canceló la personería jurídica de 5.437 organizaciones sin fines de lucro.
Conferencia Episcopal en silencio
Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, desperdigada por varios países ante las expulsiones de sus principales voceros. Entre ellos se encuentra el presidente de esta institución, el obispo Carlos Herrera a quien sacaron a Guatemala el 14 de noviembre de 2024. Otros han sido Rolando Álvarez, de Matagalpa; e Isidoro Mora, de Siuna, que estuvieron encarcelados.
Además, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, vive en el exilio en Estados Unidos desde 2019 por las amenazas del régimen en su contra. Desde Miami, cada domingo envía mensajes contra los sistemas totalitarios a los que condena con dureza.
Mientras que la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) condenó la expulsión de las Hermanas Clarisas del país, que se produjo el pasado mes de enero.
Expulsiones de 2024 y 2025
Esto después de que entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de enero, autoridades militares al servicio de la dictadura ingresaron a la fuerza a la comunidad, cuando obligaron a unas 30 religiosas de clausura abandonar los monasterios ubicados en Managua, Matagalpa y Chinandega.
«Nos solidarizamos con las religiosas/os víctimas de la persecución y el exilio que ha impedido ejercer su ministerio en Nicaragua. Hacemos un llamado al respeto de la vida y la libertad de las religiosas/os», dijo la Confederación a inicios de febrero, tras recordar que las Clarisas eran objeto de persecución oficial desde que en mayo de 2023 les eliminaron la personería jurídica.
Otras congregaciones víctimas de este tipo de acciones son los franciscanos, jesuitas, Misioneros del Sagrado Corazón y una comunidad trapense femenina, a los que les han confiscado los bienes, entre ellos universidades en el caso de la Compañía de Jesús.
«El desplazamiento forzado de religiosas, sacerdotes y obispos en Nicaragua evidencia una grave crisis humanitaria y de derechos humanos que profundiza la fractura social y política del país. Este éxodo obligado de la Iglesia católica no solo deja un vacío espiritual y social, sino que también resalta la creciente represión y el desmantelamiento de la resistencia interna, sumiendo al país en una incertidumbre cada vez más alarmante», recordó la organización sobre los ataques a la Iglesia católica.
Obando y Bravo fue controversial porque a pesar de criticar a Ortega, terminó siendo un aliado del dictador hasta sus últimas días. Nicaragua Investiga obtuvo documentos en 2021 en los que reveló un contrato millonario de la Dirección General de Ingresos (DGI) para una Maestría en Derecho Tributario cuyo monto exacto es de C$4,397,328.00. El convenio lo ganó la Universidad Católica Redemptoris Máter (UNICA), fundada en 1992 por el fallecido cardenal Miguel Obando, quien fue aliado de Daniel Ortega hasta su muerte.
Periodista Nicaragua Investiga
