Lo que comenzó en los años 80 como una supuesta «redistribución de la riqueza» bajo el mando de Daniel Ortega y otros ocho comandantes de la revolución, se ha transformado en la deuda pública más pesada y prolongada en la historia de Nicaragua. Un análisis de las cifras revela una ironía trágica: el monto que el Estado terminará pagando por las confiscaciones sandinistas de esa época equivale exactamente a la fortuna acumulada por la familia Ortega-Murillo y la de Bayardo Arce en los últimos años: 5 mil millones de dólares.

De la confiscación a la indemnización

Durante la primera dictadura sandinista, la élite revolucionaria se hizo con mansiones de lujo, fincas productivas y empresas sólidas. Tras la derrota electoral de 1990, el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro asumió el compromiso de indemnizar a más de 20,000 confiscados para garantizar la paz social.

Desde entonces, el Estado ha emitido Bonos de Pago de Indemnización (BPI) que hoy representan una carga masiva para el erario público. Hasta ahora se han pagado 2,200 millones de dólares para cubrir esa deuda.

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El economista Marco Aurelio Peña dijo en una entrevista anterior a Nicaragua Investiga que la deuda terminará de pagarse hasta 2030, aunque otros especialistas indican que podría llegar hasta 2040. Para entonces, se habrían pagado unos 5,000 mil millones de dólares. Una cifra desafortunadamente muy común en el historial de grandes escándalos de corrupción del sandinismo.

“¿Quiénes han pagado esto? La ciudadanía nicaragüense con sus impuestos, la gente que se parte el lomo trabajando, que paga sus impuestos sobre la renta, que apaga el impuesto al valor agregado que paga todos los impuestos con sus trabajos y que no tuvo que ver con ese atraco ni que fue beneficiada con ese atraco”, señaló Peña.

Tres robos, una misma cifra

Lo que resulta escandaloso para economistas y analistas políticos es la simetría entre el costo de aquellas expropiaciones y otros dos grandes casos de corrupción de dos de los más poderosos comandantes sandinistas de los 80, luego de haber hecho vida civil.

Mientras el pueblo nicaragüense paga con sus impuestos los errores de la primera dictadura, las figuras clave del régimen actual, como Daniel Ortega y Bayardo Arce, han gestionado una fortuna paralela.

Ortega lo hizo a través del desvío de la cooperación venezolana —fondos que debieron ser públicos, pero terminaron en negocios privados de la familia dictatorial en áreas de energía y petróleo— se estima que se han drenado cerca de $5,000 millones de dólares.

“Este dinero nunca pasó por el presupuesto de la república, nunca fue auditado por la Contraloría General de la República y nunca fue fiscalizado por la Asamblea Nacional”, dijo el periodista Luis Galeano para el Especial Anticorrupción de Nicaragua Investiga.

De esa “cooperación” que pasó a ser deuda pública, nacieron las empresas más lucrativas de la familia Ortega-Murillo, principalmente gasolineras y generadoras eléctricas.

La otra gran coincidencia es que esa cifra exactamente, 5,000 millones de dólares es lo que le confiscaron recientemente a Bayardo Arce. Engullido por el mismo monstruo que ayudó a construir, Arce fue señalado por Ortega y Murillo de defraudación fiscal y uso de testaferros y paraísos fiscales para construir una mega fortuna que equivale a un monto tan abismal que 47 años después de aquella “revolución” los nicaragüenses solo han podido pagar la mitad de uno de esos tres grandes desfalcos.