Ortega utiliza la crisis del COVID19 y los huracanes para pedir que le quiten sanciones

Es "determinante es el cese inmediato de las medidas económicas coercitivas unilaterales, acciones ilegales que afectan a naciones con más de 2.000 millones de habitantes y que aplicadas en tiempos de pandemia", clamó el gobierno de Ortega.

Daniel Ortega ha puesto como justificación la emergencia del coronavirus y los huracanes Iota y Eta para que sean levantadas la sanciones que ha impuesto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unión Europea.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, el vocero de Ortega Jaime Hermida Castillo dijo que, «Nicaragua y Centroamérica región altamente vulnerable a los impactos adversos del cambio climático, acaba de ser impactada por 2 potentes huracanes categoría 5 y 4 en menos de 15 días, causando devastación y cuantiosos daños en su trayectoria por nuestro país».

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El gobierno dijo que para poder recuperarse del mundo post Covid-19, tienen que reemplazar las políticas de «egoísmo» y «unilateralismo» para que supuestamente puedan lidiar y resolver las necesidades de los pueblos vulnerables.

Sin embargo, las sanciones que ha impuesto tanto los Estados Unidos como la Unión Europea han sido directamente a funcionarios cercanos a la familia Ortega-Murillo y no a Nicaragua. Estas medidas coercitivas tiene como efectos personales, la congelación de cuentas bancarias y bienes fuera del país, así como la restricción de ingresos a ciertas naciones.

Pero el gobierno de Ortega alega que para disminuir el impacto negativo del COVID19, es «determinante es el cese inmediato de las medidas económicas coercitivas unilaterales, acciones ilegales que afectan a naciones con más de 2.000 millones de habitantes y que aplicadas en tiempos de pandemia, eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad», dijo Hermida Castillo.

Sanciones por crímenes de lesa humanidad

El Consejo Europeo sancionó al director general de la Policía; Francisco Díaz, al subdirector; Ramón Avellán, al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial; Luis Pérez, al jefe de los antimotines; Justo Pastor Urbina, así como a la exministra de Salud, Sonia Castro, y al asesor de seguridad de Ortega, Néstor Moncada Lau, quien ha sido considerado como un operador de las fuerzas paramilitares.

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«Estas medidas están dirigidas a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense», indicó la declaración firmada por Josep Borrell, alto representante de la UE.

Estos mismos funcionarios ya habían sido sancionados en 2019 por Estados Unidos y, en el caso de Díaz, Castro y Moncada Lau también por Canadá, que al igual que Washington les prohibió ingresar al país y bloqueó sus activos y sus relaciones comerciales y financieras.

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