El tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, renunció a la presidencia de dos grandes empresas estatales, informó hoy La Gaceta, diario oficial, luego de que EE.UU. le aplicó la Ley Global Magnitsky, en medio de una crisis que ha cobrado más de 320 muertos en Nicaragua.
López, uno de los hombres de mayor confianza del mandatario Daniel Ortega, renunció al cargo de presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) y al mismo puesto en la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), ambas del Estado.
El jueves pasado, López, vicepresidente de la petrolera Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), fue sancionado por Estados Unidos por estar involucrado «en graves abusos contra los derechos humanos o que se han involucrado en la corrupción».
La sanción significa que cualquier propiedad o interés de López dentro de la jurisdicción de Estados Unidos ha sido bloqueada y no podrá realizar transacciones con ninguna persona o entidad que tenga relaciones con el país norteamericano, lo que para algunos analistas equivale a una «muerte civil» internacional.
El efecto inmediato de la sanción para Nicaragua es que López ya no podría estar al frente de ninguna empresa estatal, dadas las relaciones económicas entre instituciones nicaragüenses con Estados Unidos.
Las acusaciones
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, López tiene acusaciones por «aprovechar su posición en beneficio de él y su familia al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el Gobierno».
Los cargos de López serán ocupados por el mayor general en retiro de las Fuerzas Armadas Ramón Calderón.
El segundo jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, también fueron sancionados con la Ley Magnitsky por abusos contra los derechos humanos y corrupción.
Las sanciones se dieron en medio de una crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, desatada por fuertes represiones del Gobierno contra la población que se manifiesta contra Ortega, y que ha dejado más de 320 muertos, según organizaciones humanitarias.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH ha señalado «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
El país centroamericano está sumergido en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
