Expertos alertan de maléfica estrategia de Ortega para evitar el adelanto de elecciones

  •  Muchos de los acuerdos que Ortega negoció con la Alianza Cívica son derechos constitucionales de los nicaragüenses
  •  De no funcionar las negociaciones, la violencia podría estallar nuevamente, augura experto

El irrestricto derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libre movilización, el desarme de grupos irregulares (paramilitares), entre otros puntos, son garantías inalienables, establecidas en la Constitución Política de Nicaragua, que no deberían ser negociadas por Daniel Ortega, coinciden expertos jurídicos consultados por Nicaragua Investiga, quienes, también, aseguran que los dialogantes deberían ahondar en otros temas con el fin de buscarle una salida a la crisis de esta nación centroamericana.

De acuerdo con estos expertos, Ortega, quien violó en menos de 24 horas los acuerdos negociados con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), no quiere arriesgarse a perder el control que tiene en las calles a través del estado policíaco —denunciado por organismos internacionales—, tampoco estaría dispuesto a adelantar los comicios presidenciales.

«Lo que vemos es un proceso de tira y encoge entre las demandas de la ACJD y la estrategias de contención del régimen orteguista, que trata de dar lo menos posible. Trata de regresarnos nuestros derechos consagrados en la Constitución Política, (derechos) que nos han sido arrebatados a cuentagotas. Eso no debería de estar en la mesa de diálogo, pero ya son parte de las negociaciones», lamentó el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Mauricio Díaz.

Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA)

El exdiplomático advirtió que de no solucionarse la crisis sociopolítica que este 17 de abril cumple un año que explotó, la situación podría profundizarse y volverse violenta.

  •  Artículos consagrados en la Constitución Política de Nicaragua que Ortega violó y luego negoció

En el documento «Acuerdos para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas», la delegación de Ortega prometió garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización ciudadana, contenidos en los artículos 53 y 54 de la Constitución Política de Nicaragua.

Artículo 53: « Se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo».
Artículo 54: «Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley».

Para el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Julio Montenegro, las autoridades policiales están manipulando el fragmento del artículo 54 que indica que las movilizaciones deben ser «de conformidad con la ley».

«En ese caso, por ejemplo, cuál sería el sentido: se pide permiso para efecto que se haga una regulación de tráfico, pero no es que esté limitado el derecho a movilizarse por tener opinión política diferente», explica Montenegro.
Pese a que esos derechos están incluidos en la Constitución Política de Nicaragua y que la delegación gubernamental se comprometió a respetarlos, la Policía Nacional reprimió con violencia a los civiles que se reunieron este sábado 30 de marzo en un centro comercial de Managua y detuvo a seis ciudadanos, quienes fueron señalados de generar caos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el actuar de la Policía Nacional y llamó a las autoridades nicaragüenses a respetar el derecho a la manifestación pacífica.

Imagen de la represión que se vivió el sábado en Managua. /NI
  • Artículo 66: «Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz»

Según el artículo 66 de la Constitución de Nicaragua, «la ciudadanía tiene derecho de recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección».

De igual manera, el artículo 67 detalla que «el derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura”.

Aunque los artículos puntualizan la libertad de prensa y el derecho a la información, durante la década que Ortega ha ejercido el poder, la censura a los medios de comunicación independientes se ha intensificado.

De hecho, tras el estallido sociopolítico de abril de 2018, incrementaron la censura, la violación al ejercicio periodístico y las agresiones a reporteros. La Prensa y El Nuevo Diario denunciaron ante la comunidad internacional que el Gobierno de Ortega, a través de la Dirección de Aduana, ha retenido por varios meses la materia prima para la circulación de los periódicos.

Asimismo, varios medios televisivos han sido censurados. Las transmisiones de 100 % Noticias fueron interrumpidas en diciembre de 2018, sus instalaciones decomisadas y su director, Miguel Mora, y jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, detenidos ilegalmente.

Daniel Ortega tampoco cumplió con su compromiso de respetar los artículos concernientes a la libertad de prensa, quedando en evidencia una vez más su falta de voluntad política, ya que los reporteros de Canal 10 y Telenorte fueron agredidos física y verbalmente por parte de los efectivos policiales. El corresponsal de Telenorte denunció que, además, le confiscaron su medio de grabación.

  • Artículo 95: «No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los establecidos por la ley»

El inciso cuatro del acuerdo entre el Gobierno y la Alianza especifica: «Instamos al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional (a) que cumplan con el registro y marcaje del armamento utilizado por cada institución de acuerdo a la ley de la materia», es decir, el Estado pide a los altos mandos de estas dos instituciones que tomen las medidas necesarias para quitarles las armas a quienes no tengan autorización para portarlas o a aquellos que conformen grupos armados fuera del orden constitucional o legal.

La principal prueba de la falta de voluntad de proteger a los ciudadanos fue la aparición de un simpatizante sandinista armado durante la última protesta de los autoconvocados. Este partidario del orteguismo sacó su pistola, disparó contra los manifestantes reunidos en el parqueo de Metrocentro e hirió a tres personas. En ese momento, la Policía ya había detenido con violencia a varios opositores y agredido a periodistas. A pesar de las evidencias audiovisuales y de los testigos, este sujeto, en vez de ser detenido, fue catalogado como víctima en el informe policial.

Este sujeto fue identificado como simpatizante sandinista y portaba un arma con la que atacó a los manifestantes / Cortesía
  • Acuerdos hasta que no estén concretados no tendrán incidencia

Para el analista político y exdiputado liberal Eliseo Núñez, si bien los acuerdos firmados por Ortega y la ACJD son un paso positivo, «hasta que no estén concretados» no tendrán mayor incidencia en la actual crisis sociopolítica.

Núñez, de igual forma, considera que la supuesta flexibilidad de Ortega a la hora de firmar acuerdos es una estrategia para acumular tiempo y discutir de último el tema de las votaciones presidenciales, las que no permitirá.

«Me parece que la estrategia del Gobierno ante la postura firme de la Alianza es acumular acuerdos de todo tipo, acuerdos que tienen que ver con derechos, con otro tipo de liberación de los presos y dejar de último el tema del adelanto electoral para trabarse ahí y decir que la Alianza quiere todo y que ya le dieron todo y que él solo pide una cosa. Eso es básicamente la estrategia de ellos y para el martes estos acuerdos no quedarán implementados porque el Gobierno todo esto lo va a supeditar en una sola cosa: en que no adelanten las elecciones», declaró Núñez a Nicaragua Investiga.

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