La Administración de Joe Biden prepara sanciones a Nicaragua como represalia por el arresto de la opositora y candidata presidencial Cristiana Chamorro, informó un alto funcionario de la Casa Blanca, al medio estadounidense Voz de América. Esta sería la primera medida de este tipo que la administración demócrata realice contra Daniel Ortega, quien lleva más de 14 años en el poder.
El gobierno del presidente Joe Biden, “definitivamente” planea usar una ley aprobada por el Congreso en el 2018 -conocida como Nica Act– que permite imponer sanciones a funcionarios o exfuncionarios nicaragüenses, dijo a la Voz de América Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
La noticia se conoce tan solo una hora después que el Departamento de Estado exigiera la liberación de la opositora a través de una nota de prensa . También Estados Unidos pidió la liberación de Marcos Fletes y Walter Gómez, ambos extrabajadores de la Fundación Chamorro, quienes fueron arrestados hace una semana y se desconoce la condición en la que se encuentran.
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El gobierno norteamericano considera que la detención de la aspirante presidencial fue realizada bajo «cargos falsos» y constituye «un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas».
«Se acabó el tiempo»
El analista político Eliseo Núñez, considera que la implementación de nuevas sanciones indicaría que se terminó el espacio que brindó Estados Unidos al gobierno de Ortega para que encontrara una salida negociada al conflicto sociopolítico actual.
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«En la mañana escuchaba a Juan González decir claramente que ellos hicieron reiterados acercamientos con Daniel Ortega y que ni siquiera quieren hablar, entonces esto coloca ya en la posición en que el gobierno demócrata —que había dado un compás de espera intentando encontrar una salida diplomática— ha concluido estas gestiones».
Núñez destaca que es necesario valorar el tipo de sanción que se estaría aplicando; en el caso de las sanciones individuales considera que este mecanismo «está casi agotado», y teme que las nuevas medidas sean de un «nivel diferente a las que hemos visto, lo cual coloca al país en una situación de vulnerabilidad cuyo único culpable es Ortega».
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