El Departamento de Estado de Estados Unidos evalúa nuevos mecanismos para seguir presionando al gobierno de Daniel Ortega, aseguró a la Voz de América el enviado especial para el Triángulo Norte centroamericano, Ricardo Zúñiga.
“Estamos trabajando bien en conjunto con nuestro Congreso para las acciones no solamente que estamos tomando ahora […] y estamos examinando todas las herramientas que existen ahora y que podrían existir”, respondió el diplomático a la VOA en una conferencia con periodistas.
Opositores a Ortega han sido capturados por la polícia en los últimos días. Nicaragua Investiga/NI
Washington anunció el miércoles nuevas sanciones económicas contra cuatro individuos ligados al gobierno de Ortega, tras las detenciones y acoso del mandatario sandinista contra sus posibles rivales en las elecciones de noviembre.
Hasta el 9 de junio se contabilizaban siete personas detenidas, entre ellas cuatro precandidatos opositores.
Zúñiga dijo, este jueves, que EE. UU. “continuará utilizando todas las herramientas económicas y diplomáticas para apoyar el deseo de los nicaragüenses de tener unas elecciones libres” y contrarrestar las fuerzas represivas del Estado de Nicaragua.
Para ello, la administración Biden, apoyada por el Congreso, está estudiando todas las herramientas existentes para generar presión sobre el gobierno de Daniel Ortega.
Esfuerzos estadounidenses por sumar aliados
Además, el enviado especial para el Triángulo Norte dijo a la Voz de América sobre los esfuerzos que Estados Unidos está haciendo para llamar la atención de aliados y otros países del hemisferio, que aún no se han pronunciado sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua.
“Es importante que los países busquen otras maneras de reducir la fuerza represiva del Estado de Nicaragua”, explicó Zúñiga, quien además agregó que él y otros miembros del Departamento de Estado están en “un diálogo constante con otros Gobiernos”, no solamente en la región sino también de la Unión Europea, para ganar más apoyos en el tema.
«Nica Act»
El funcionario no detalló si hará uso de la ley “Nica Act” o Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), no obstante en una entrevista con la Voz de América Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que «definitivamente la usarían».
Zúñiga dijo que «el Gobierno de Ortega por si solo está cerrando las opciones de inversión que puedan ayudar a la recuperación económica del país».
El funcionario también hizo énfasis a la VOA que el mismo Gobierno nicaragüense ha dado señales de no tener un compromiso que garantice condiciones que contribuyan a la recuperación económica, en especial después de los daños causados por la pandemia. Destacó también que “no hay un ambiente propicio para la inversión” sino que al contrario, sus decisiones jurídicas arbitrarias asustan “a los mercados y a los inversores, tanto internos como externos”.
Violeta Granera en las afueras del Ministerio Público. Foto | Dorian Orozco
Este jueves una comisión bipartidista encabezada por los senadores Marco Rubio (republicano por Florida) y Dick Durbin (demócrata por Illinois) envió una carta al presidente Biden exigiendo «acciones inmediatas» y liderar una «estrategia coordinada» con miembros de la comunidad internacional que comparten las preocupaciones de Estados Unidos.
En concreto, los legisladores recomendaron a la administración Biden revisar la participación de Nicaragua en el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, perseguir los activos de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en Estados Unidos y «utilizar las herramientas disponibles», entre ellas la ley Nica Act, aprobada en 2018, para sancionar a individuos.
El gobierno de Ortega catalogó las más recientes sanciones como «ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales». Para el gobierno sandinista las acciones de Washington constituyen «una violación de los instrumentos internacionales que rigen el Derecho Soberano de los Estados».
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