Fiscalía acusa a Miguel Mendoza y Miguel Mora por publicaciones en redes sociales

Las insólitas “pruebas” de la Fiscalía se basan en una serie de publicaciones en Twitter que fueron encontradas por “patrullaje cibernético” de agentes policiales.

La Fiscalía presentó este lunes las acusaciones en la audiencia inicial,  contra el cronista deportivo Miguel Mendoza y el político Miguel Mora, en donde se basan de una serie de publicaciones en sus redes sociales por conspirar y cometer supuesto “menoscabo a la integridad nacional”. Luego de varios meses de la detención de ambos, estas son las únicas pruebas que tiene el órgano público y que son respaldadas por agentes policiales.

Según la acusación contra Mendoza, las autoridades nicaragüenses realizaron un “patrullaje cibernético” encontrando diez publicaciones en su cuenta de Twitter “incitando a la injerencia extranjera”.

La mayoría de estas publicaciones no son de Mendoza, sino que hizo retweets de otras personas que condenan el actuar del gobierno de Daniel Ortega contra opositores nicaragüenses. Por ejemplo, una de las “pruebas” en contra del cronista deportivo es un Twitter de la congresista María Elvira Salazar.

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“Si algo le sucede tanto a Cristiana Chamorro como a Arturo Cruz, soy la primera que me encargaré de que ésta administración elimine a Nicaragua del tratado de libre comercio DRCAFTA y de cualquier otro beneficio económico que tenga el régimen con Estados Unidos”, es la publicación que compartió Mendoza.

Otra acusación insólita de la Fiscalía se basa en que el cronista deportivo solamente reaccionó en su cuenta de Twitter, comentando que en la toma de posesión de Joe Biden, fue invitado Carlos Vecchio, embajador venezolano reconocido por Estados Unidos.

“Señor juez, para la publicación de esta prueba, le solicito que autorice la utilización de medios audiovisuales al momento de reproducir esta pericia, la cual será explicada por el testigo propuesto”, solicitó la fiscal donde pretende valer el testimonio de tres oficiales que hicieron “peritaje cibernético”.

Las acusaciones contra Miguel Mora

En el caso del empresario televisivo Miguel Mora, la Fiscalía lo acusa por una publicación de enero del año pasado donde expresó lo siguiente: “La Corte Suprema Sandinista al filo de ser sancionada”.

Las otras “pruebas” se tratan de notas periodísticas que publicó 100% Noticias –medio de comunicación que dirigía Mora–, y que fueron republicadas por el precandidato presidencial.

La fiscal auxiliar Andrea del Carmen Salas Gómez, tiene como “calificación legal” en contra de Miguel Mora, el artículo 34 numeral 11 de la Constitución Política. Sin embargo, no está siendo respetado las autoridades del Poder Judicial porque el mismo establece que “el proceso judicial deberá ser oral y público”.

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Además, dicho artículo permite el acceso de la prensa nicaragüense y el público en general podrá ser limitado, pero esto es violentado puesto que las audiencias son a puerta cerrada y se celebran en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), lugar que no es reconocido por la legislación de este país.

Al empresario televisivo lo acusa el teniente Álvaro Antonio García Eugerrios, quien figura en calidad de “detective” por realizar la supuesta investigación para el esclarecimiento de los hechos. El oficial tiene como asistente de comparecer a la capitana Mónica Moreno Sequeira, quien es jefe del Departamento de Tratas de Personas de la DAJ.

Miguel Mora fue arrestado 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau.

Cabe señalar que Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega, adelantó que ya tienen “las pruebas suficientes” para continuar el proceso de acusaciones contra las treintena de opositores detenidos entre junio y agosto de 2021.

No obstante, la comunidad internacional ha condenado la detención de los opositores y las califican como una grave violación a los derechos humanos. De igual forma, el Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), señala que estas audiencias violan las garantías del debido proceso.

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