Partidos no podrán realizar actividades de campaña con más de 200 personas

A pesar de que las autoridades han intentado minimizar la pandemia al convocar a eventos masivos, según médicos críticos a la administración de Daniel Ortega,  el Consejo Supremo Electoral (CSE) en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer este lunes los protocolos sanitarios que deberán poner en práctica los partidos políticos durante la campaña electoral a iniciar este próximo 25 de septiembre.

Según la disposición, los partidos políticos y candidatos deben priorizar los mecanismos de difusión virtuales y digitales y evitar eventos presenciales masivos.

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Actividades con restricciones sanitarias

De la misma forma, las actividades presenciales deben realizarse en lugares abiertos y con solamente 200 personas como máximo. En este punto, se exhorta a mantener las medidas de prevención y control, como mantener dos metros de distancia, lavado de manos, usar mascarilla y tomar la temperatura.

Los partidos también tendrán no más de una hora y media para desarrollar sus actividades proselitistas.

Las autoridades piden a las personas que pertenecen a grupos de riesgo, embarazadas, niños y adolescentes no participar en este tipo de eventos.

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Otro punto a destacar es que en la campaña quedarán prohibidas las caravanas vehiculares.

Para el cumplimiento de estas disposiciones el Consejo Supremo Electoral estará estableciendo las coordinaciones pertinentes con el Ministerio de Salud y la Policía Nacional.

Las elecciones son señaladas como «un fiasco» por la comunidad internacional.

Contradicciones del gobierno

Llama la atención que mientras el CSE y el Minsa disponen estas medidas sanitarias, el gobierno del presidente Daniel Ortega continúa organizando masivas concentraciones en todo el país. Solo el fin de semana hubo 4,500 actividades.

Así mismo vale apuntar que las elecciones programadas para el 7 de noviembre están siendo muy cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional por la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos considerados como verdaderamente opositores, así como también por el encarcelamiento de los principales aspirantes presidenciales.