El gobierno de Estados Unidos anunció una medida que prohíbe la entrada al país a funcionarios y otros colaboradores del gobierno de Daniel Ortega. La lista es larga y minuciosa, apuntando a toda la estructura del gobierno sandinista y sus familiares.
La lista completa incluye:
- Miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos los funcionarios electos y su personal;
- Alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planificaron, ordenaron, asistieron, ayudaron e incitaron, cometieron o participaron de otra manera, incluso a través de la responsabilidad de mando, abusos graves o violaciones de los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos o negar las libertades fundamentales de los nicaragüenses, o quien intentó o conspiró para hacerlo;
- Funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua, incluidos el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional de Nicaragua, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, los grupos parapoliciales y paramilitares;
- Funcionarios de la administración penitenciaria de Nicaragua;
- Altos miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior de Nicaragua;
- Miembros de ministerios del gobierno de Nicaragua, agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y funcionarios electos que emprendan acciones, incluidos abusos de derechos humanos, para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua;
- Personas no empleadas por el gobierno que actúan como agentes o actúan a instancias de funcionarios del gobierno de Nicaragua para facilitar u obtener beneficios financieros de políticas o acciones, incluido el fraude electoral, abusos de los derechos humanos, o corrupción, que socaven o lesionen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua;
- Los cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas anteriormente.
Existen protecciones especiales para diplomáticos, refugiados o recipientes de asilo ya admitidos en los Estados Unidos, así como para cualquier persona que solicite asilo o estatus de refugiado. Otra excepción aplica a individuos que el Secretario de Estado considere de importancia para los intereses de Estados Unidos, como en el caso de investigaciones legales.
También la restricción puede cancelarse si el Secretario de Estado determina que la persona afectada «ha dejado de socavar las instituciones democráticas de Nicaragua y ha emprendido acciones concretas para ayudar a restaurar la democracia» en Nicaragua.
Esto significa que virtualmente toda la élite sandinista se ve afectada. Desde diputados como el recientemente sancionado Gustavo Porras, pasando por otros cabecillas de alto rango como el «secretario general» de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, hasta personas de perfil más bajo y poder más limitado, como trabajadores ministeriales, profesores de enseñanza superior o miembros de empresas paraestatales.
Si ostenta cargo en el gobierno de Nicaragua, si hay registro de asociaciones con el gobierno de Nicaragua, si ha participado de la represión del gobierno, es seguro que no pueda poner un pie en Estados Unidos. Más aún, la prohibición contra cónyuges e hijos supone un golpe fuerte para el mando sandinista, que siempre ha gustado de viajar por motivos recreativos al país del norte.
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